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sábado, 21 de noviembre de 2015

EN LA PROVINCIA LA REPRESIÓN CRECIÓ CON EL PROYECTO

Balance represivo de la gestión Scioli

“El Estado de Derecho tiene
el rostro amable del Estado Benefactor
y el rostro siniestro del Estado Terrorista”.
Alfredo Grande - “Terrorismo Puro”,
publicado en Pelota de Trapo el 15/1/15

La gestión saliente del gobierno en la provincia de Buenos Aires, en cabeza de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto, generó más de 600 víctimas de su aparato represivo. Pero además de continuar las prácticas represivas heredadas, la gestión duplicó la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense, a los que sumó las policías Comunales, y logró superar el límite histórico de presos en el Servicio Penitenciario. Dos de los principales responsables de esta política, el ministro de Justicia Ricardo Casal y el de Seguridad, Alejandro Granados, impulsores de la policialización de las problemáticas sociales, son propuestos en la potencial administración nacional de Scioli. La gestión de Vidal promete profundizar este derrotero en la Provincia.

Por HIJOS La Plata


Advertencia
Cada vez que conocemos un nuevo caso de gatillo fácil o de muerte violenta en una comisaría o una cárcel en la provincia de Buenos Aires nos preguntamos cuántos jóvenes más va a asesinar el aparato represivo y cuántos ha asesinado a través de las más de tres décadas de vigencia del Estado de Derech@. Y una vez más, al no haber estadísticas oficiales y ser siempre información en elaboración, encontramos que sólo el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos independientes y con una mirada crítica del accionar del Estado arroja un poco de luz a la cuestión. Por eso realizamos este informe en base al inagotable “Archivo de Casos” que realiza la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que puede consultarse en http://www.correpi.lahaine.org/

El listado completo de los más de 600 casos tomados como base para elaborar estas conclusiones pueden verse en el PDF adjunto.

Los Datos Crudos
Desde que asumió el poder el 10 de diciembre de 2007, el gobierno de Daniel Scioli ha asesinado a al menos 618 personas que no representaban peligro para terceros o que estaban bajo su custodia a través de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Penitenciario Bonaerense y las agencias de Seguridad Privada habilitadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Desde el caso de Julio César Zárate, asesinado el 14 de diciembre de 2007 por el suboficial Moraña de La Bonaerense, hasta un joven de 20 años asesinado por una efectivo del CPC de Hurlingham el 21 de octubre pasado, la gestión Scioli ha demostrado su aptitud para desplegar políticas de control social sobre la población.
Con un pico de 98 casos de asesinados por el aparato represivo en 2009, la represión creció en la provincia del candidato presidencial del oficialismo a razón de 50 casos promedio por año. 

CASOS POR AÑO. Total 618 casos.

Respecto a las modalidades más frecuentes, el “gatillo fácil” está al tope del ranking de la gestión, con el 51% de los casos (315 en 8 años), seguido por las muertes traumáticas en las cárceles bonaerenses (220 en 8 años) que representan el 35% del total. La modalidad denominada “gatillo fácil” incluye los casos en que, dentro o fuera de actos de servicio, agentes de la policía, penitenciarios o vigiladores privados pretenden resolver a los tiros hechos delictivos menores, peleas vecinales o reyertas personales, así como lisos y llanos homicidios en abuso de poder o para “hacer estadística” en el marco de causas fraguadas. Se incluyen también casos de robo, narcotráfico y trata en delitos gestionados por policías que son “abatidos” por sus camaradas de arma.
La mayoría de las muertes en sede policial corresponden a personas detenidas por contravenciones o averiguación de antecedentes, no por acusaciones penales. Muchas de ellas refieren a desapariciones forzadas para encubrir previas torturas.
Las muertes en las 50 sedes del Servicio Penitenciario Bonaerense engloban muertos por armas blancas administradas y/o toleradas por los penales, muertes por golpes, torturas y abandonos médicos, así como los “suicidios” puestos en escena para ocultar en muchos casos las denuncias de previas torturas o venganzas personales e institucionales.

MODALIDADES. Total 618 casos.

La división de los crímenes de Estado en la Provincia de Buenos Aires según la fuerza a la que pertenecen sus perpetradores sigue registrando indiscutidamente a la Policía Bonaerense y a los vigiladores privados como campeones de tiro. Con el 64% de lo casos de muertes a manos de agentes armados por el gobierno de la provincia, supera el 36% de muertes en encierro correspondiente al Servicio Penitenciario.


POR FUERZA. Total 618 casos.

La modalidad del “Gatillo Fácil” ha recorrido los 8 años de la gestión Scioli con un promedio de 39 casos anuales. Hasta se han registrado casos dobles, como el ocurrido en enero de 2010 en la villa San Jorge (Don Torcuato), donde la policía perseguía a los tiros a dos sospechosos del robo de un auto y un escopetazo mató a Julio Villanueva, de 60 años, que estaba en la puerta de un negocio. Los vecinos se movilizaron en repudio del hecho, y fueron reprimidos por la policía, que mató a uno de los manifestantes, Facundo Vargas, de 16 años.
En La Plata estos crímenes de uniforme han sido una constante. Recordamos sólo algunos casos como el de Ezequiel Heredia, de 18 años, asesinado de un disparo en la cara el 5 de diciembre de 2009 en el barrio Hipódromo por el policía Sergio Mariano Leonel Aguirre. Omar Cigarán, de 17 años, fue asesinadoen febrero de 2013 por el oficial Diego Walter Flores, tras sufrir acoso y hostigamiento policial en el barrio Hipódromo. Braian Mogica, de 16 años, fue fusilado por el agente Gabriel Yuguet, custodio del gobernador Scioli, cuando dijo confundir una explosión del escape de la moto en que iba el chico con un disparo. Mauricio Andrada e Ismael Perussatto, de 17 y 20 años, fueron fusilados en febrero de 2014 por el agente del Grupo Halcón Cristian Daniel Duarte, en lo que el policía declaró “legítima defensa” ante un intento de arrebato.
Las nuevas estructuras del servicio de calle continúan las prácticas de amedrentamiento, como los casos de los hermanos de Heredia y Cigarán, que son hostigados constantemente por el CPC zona 12 de La Bonaerense en el mismo barrio Hipódromo.
En agosto de este año, Juan Martín Yalet, de 35 años, fue detenido tras una entradera y fue fusilado esposado en la parte trasera del patrullero por personal del CPC y la Comisaría 9na.
No es menos significativo que en muchos de estos casos los policías continúan procesados pero activos en la fuerza, son ascendidos y, en todos estos casos, son patrocinados por la defensa del equipo de abogados del Ministerio de Seguridad provincial, encabezados por el Dr. Fernando Ariel Pedersoli, en una clara muestra de solidaridad de cuerpo del ministro Granados con sus muchachos.
No han faltado en estos años el uso del patrullero como arma letal, en lo que refiere a muertos atropellados, como el caso de Miguel Angel Serrano, de 19 años, atropellado en bicicleta y con saña por el policía de la Comisaría 3ra de Los Hornos Marcelo Palomo, que se fugó. O el de un joven de 15 años en Tres de Febrero, que en abril de este año huía de la policía en una moto que no tenía papeles, y en un operativo cerrojo, lo interceptaron con un patrullero que abrió la puerta cuando pasaba, causando que la cabeza del pibe impactara con el vidrio de la ventana.
Tampoco han escaseado los hechos en que los policías resuelven sus relaciones sentimentales con el arma reglamentaria, como el del sargento Miguel Maso de la Comisaría 1a de Quilmes, que fusiló a su ex pareja y su nuevo novio en enero de 2010.
En cuanto a las muertes por torturas o “suicidados” en sede policial, la gestión Scioli registra al menos 51 casos. Además del caso emblema de la lucha contra la tortura y la desaparición de menores, Luciano Arruga, están los de Franco Escudero, de 20 años, torturado y ahorcado con un cable coaxil el 24 de marzo de 2008 en la Comisaría de Lobos; el de Germán Portal, de 21 años, detenido y ahorcado en la Comisaría de Villa Elisa en noviembre de 2008; el de César Gómez, de 18 años e integrante de la comunidad boliviana detenido en abril de 2009 en la Subcomisaría de Los Cardales (Exaltación de la Cruz), torturado y arrojado a las vías del Mitre; el de Gabriel González, de 36 años, detenido en 2011 con un brote psicótico en una Comisaría de San Isidro y “ahorcado” en su celda, o el de Luciano Peralta, de 34 años, detenido por error en Ringuelet y asesinado en la celda tras pasar por tribunales.
También hay acreditadas muertes en encierro en los Centros de Recepción de menores, como los casos de Cristian Candela, de 16 años, y Damián Caballero, de 17 años, muertos en noviembre de 2008 en el C.R. de La Matanza, que había sido inaugurado diez días antes en medio de la polémica por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, no contaba con enfermeros, ni vehículos para traslados, ni teléfono. Tras estos casos el instituto fue clausurado "preventivamente" y todos los menores distribuidos.
Con un promedio de 40 muertes traumáticas por año en el Servicio Penitenciario Bonaerense, según datos del Comité Contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria, las cárceles en la provincia siguen siendo una maquinaria de violencia y exterminio de su población, con al menos 220 muertos en la gestión Scioli.
En mayo de este año se hizo el juicio por el asesinato de Patricio Barros Cisneros, de 26 años, preso en la UP 46 de San Martín, que el 28 de enero de 2012 fue molido a golpes frente a su familia y las visitas por 8 penitenciarios que luego fraguaron un suicidio y le plantaron una faca. Barros Cisneros presentaba trompadas, patadas, bastonazos y hundimiento del globo ocular, por lo que en una condena dispar, 5 de los agentes fueron condenados a 10 años por tortura seguida de muerte, un sexto fue absuelto, otro se ahorcó en la Alcaldía de Avellaneda antes de llegar al juicio y hay un prófugo. Junto con los casos Miguel Bru y Andrés Nuñez, es uno de los pocos procesos en los que se pudo condenar a oficiales provinciales por asesinar aplicando tormentos.
De la misma manera, muchos internos que lograron denunciar esas prácticas en el SPB recibieron reprimendas, como Juan José Ojeda, asesinado a golpes por penitenciarios de la UP49 de Junín en noviembre de 2010.
Y si bien la mayoría de los casos de muerte violenta en el SPB se debe a la proliferación de armas blancas (42%), un gran porcentaje (32%) mueren por padecer enfermedades graves o crónicas, o haber recibido lesiones intramuros, y sufrir abandono médico hasta morir y otro tanto (26%) son presentados como suicidios, en muchos casos para encubrir golpizas y homicidios previos.
Se registran incluso hechos extremos de muerte de bebés hijos de internas del Servicio, como los de Santino Villalba, un niño de 21 días muerto en febrero de 2014 por abandono médico en la Unidad Penal 33 de Los Hornos, donde estaba alojada su madre, que había sido declarada inimputable; o el de Oriana, una bebé de 45 días muerta en marzo de 2014 en la Unidad 54 de Florencio Varela porque a su madre se le negó la atención médica adecuada.
No deja de preocupar que el principal blanco de la represión como Control Social siguen siendo los jóvenes pobres. En la gestión Scioli, el 43% de las personas asesinadas por el aparato represivo corresponde a menores de 25 años, en su mayoría víctimas del gatillo fácil.


POR EDAD. Total 618 casos.

Contrasta con esta cifra la insistente campaña con la baja de edad de imputabilidad para delitos graves, promovida por Scioli desde su primer mandato en la provincia, siendo que las estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense (1) indican que en los últimos 6 años un promedio de sólo el 5% del total de los delitos cometidos en la provincia son realizados por menores de 18 años, y en su mayoría son delitos contra la propiedad.
En resumen, la política represiva de quien ha sido elegido por el oficialismo para “profundizar el modelo” o “hacer frente al avance de la derecha” representa el 12% del total de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde el retorno de gobiernos constitucionales en 1983, que suma 5 mil muertos en todo el país.
No es de extrañar si tenemos en cuenta que de esos 5 mil casos, más del 60% se produjeron en los últimos 12 años. A su vez, el 45% de esos casos se produjeron en la provincia de Buenos Aires entre 1983 y 2015.
Pero el telón de fondo de esta descripción del siniestro proceder del aparato represivo en “LA PROVINCIA” es sin dudas una persistente conflictividad social evidente en las desigualdades sociales existentes: la expulsión a la marginalidad de miles de jóvenes que son luego la excusa exacta para volver a pertrechar, esta vez como nunca en la historia, el aparato represivo.
El mayor exponente de las paradojas de las que se alimenta el “Estado presente” hoy por hoy esta a la vista, ya que los mismos jóvenes de la clase trabajadora, el sector más dinámico de la sociedad sometido a la precarización de su vida, son cooptados como agentes por las instituciones policial y penitenciaria, intrínsecamente asesinas y corruptas, que les ofrecen una salida rápida a su situación individual, un salario que supera al de un docente con antigüedad, y un arma durante las 24 horas, todo a cambio de olvidarse de su origen en la clase trabajadora.
Entonces, pese a los reiterados discursos referidos a una “mayor inclusión” supuestamente generada en esta década, subsiste una construcción de poder que no cuestiona en lo más mínimo las crudas cotidianeidades de la democracia representativa y la economía capitalistas, y en cambio se sirve de sus propios límites para profundizar las políticas de Control Social: saturar los barrios de policías, llenar las cárceles de pobres con prisión preventiva como pena anticipada, vaciar las políticas sociales en salud y educación, pretender bajar edad imputabilidad como un fetiche del discurso de “inseguridad” y un largo etcétera.



Es la política
Los hombres clave en las áreas de Seguridad y Justicia de la gestión Scioli han sido funcionales a la continuidad de las políticas de seguridad basadas en la legitimación de la represión de Estado desde sus aparatos policial y judicial, para garantizar la desigualdad y la impunidad reinantes. Un somero repaso de la gestión en Seguridad y Justicia así lo confirman.
El primer ministro de Seguridad de la gestión, el fiscal Carlos Stornelli, asumió el mando de la institución armada más grande del país (52 mil efectivos) y conformó un equipo de colaboradores con viejos cuadros de La Bonaerense y la Policía Federal, con el mejor cuadro de la Policía Científica, Daniel Salcedo, al mando. Le propuso a la plana mayor policial un pacto mafioso: "Les pedimos lealtad, discreción y honestidad. Nosotros también seremos leales con ustedes". Con profuso empeño deconstruyó el atisbo de reforma policial de su predecesor León Arslanián y entregó a la propia fuerza la conducción, la planificación y la caja.
Stornelli promovió la puesta en marcha de un Código Contravencional que otorgaba un poder exorbirtante a la Policía y le confería facultades discrecionales para detener personas, pero el proyecto no pasó por la Legislatura y debió retirarse en mayo de 2010 en medio de varias puebladas y grupos de vecinos armados en reclamo contra la “inseguridad”. Durante su gestión se produjeron la mayor cantidad de casos de gatillo fácil de la gestión, con un pico de 46 casos en 2009.
El ministro de Justicia Ricardo Casal, que fue agente del Servicio Penitenciario Bonaerense durante la última dictadura, se dedicó al comienzo de su mandato a que la Legislatura provincial le aprobara más de 20 proyectos, entre ellos reiteradas reformas al Código Procesal Penal para limitar las excarcelaciones.
Lo que generó con ello fue la profundización de las cárceles como lugares de castigo y de aniquilamiento humano: un récord histórico de casi 35000 personas detenidas en el SPB en 2014, con una tasa de encarcelamiento de 218,5 personas cada 100 mil; 20.986 hechos de torturas o malos tratos contenidos en los 9.822 hábeas corpus o acciones urgentes que se presentaron ante el Poder Judicial sólo por parte de la Comisión Provincial por la Memoria; 90 % de las causas del sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por La Bonaerense, sin orden judicial previa; a abril de 2015, sólo el 39,6 % de los detenidos se hallaba condenado mientras el 45,7 % sufría hacinamiento y represión con prisión preventiva; y más del 50 % de los detenidos cumple condena por delitos contra la propiedad.
Tras consolidar ese modelo como “superministro” en las carteras unificadas de Seguridad y Justicia entre 2010/2013, con Juan Carlos Paggi al frente de La Bonaerense, el ex penitenciario Casal, mencionado por Scioli como su potencial ministro de Justicia nacional, está en las antípodas de la propuesta hecha por el militante paraguayo y preso en Marcos Paz, Agustín Acosta: dejar de actuar como farsantes e hipócritas ante la cruda realidad de persecusión y prisionización de los pobres.
En una increíble pirueta hacia atrás, y golpeado por las inocultables evidencias de corrupción, procedimientos irregulares, narcotráfico, apremios ilegales, falseamiento de evidencias físicas y de causales de muerte en los niveles más altos del Ministerio Público y la conducción policial provinciales en los casos de Candela Rodríguez en 2011 y de las inundaciones de La Plata en 2013, Scioli volvió a separar los ministerios de Justicia y Seguridad, colocando a la dupla Casal/Granados como continuidad de sus políticas hasta hoy. (2) y (3)
Alejandro Granados, denunciado por organizar escuadrones de la muerte contra pibes de los barrios más humildes de Ezeiza con la metodología del secuestro y ejecuciones extrajudiciales, asumió el cargo con 32 mil efectivos y declarando que “estamos en guerra con los delincuentes y la guerra hay que librarla: a matar o morir”. Se refería menos a su propia tropa que a la población pobre de la provincia, ya que ratificó la asesoría del ex jefe Juan Carlos Paggi y a Hugo Matzkin al frente de la fuerza. Con ello le devolvió todo el poder a La Bonaerense y declara hoy con orgullo que finalizará su gestión con “un total de 95.000 hombres operativos, de los cuales 77.000 serán efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 18.000 integrantes de la Policía Local."
Una de las herramientas legales que la gestión Scioli puso en marcha para la utilización discrecional de ese ejército azul fue la declaración de la “Emergencia en Seguridad” en abril de 2014, que declaraba tal situación por el término de doce meses. En este sentido ha sido clara la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el espíritu y el alcance de aquella medida. Pese a la pobre posición política del presidente de la institución frente al balotaje, sobre todo de quien conoce la realidad de la gestión Scioli en Derechos Humanos como pocos, citamos su informe sobre los primeros efectos de la medida, donde se afirmaba que en la propuesta “se confirma y promueve una concepción de la seguridad pública fundada en la lógica de la guerra contra el crimen”, ya que “el gobierno provincial refiere a los enfrentamientos de la fuerzas de seguridad con supuestos delincuentes (164), donde no sólo se reivindica como positivo que hayan ocurrido sino que designan como resultados positivos los 'delincuentes heridos' (64) y 'delincuentes abatidos' (35). Se construye y propicia de este modo un escenario bélico en el cual la muerte se asume como resultado natural y esperable de las políticas públicas”. (4) Si bien el resultado no es natural, sí es esperable cuando el propio sheriff que oficia de ministro llamó a meter bala.
La “nueva gran invención” de Scioli/Granados fueron las Policías Locales, que se idearon inicialmente por el pensador progre de la seguridad, Marcelo Saín, para distritos de más de 70.000 habitantes y conceptuadas como la “puesta en valor de la descentralización”. Efectivizadas por decreto, Scioli detalló que sus efectivos realizarían “tareas preventivas” como controles vehiculares, recorridas en zonas comerciales y barriales y acompañamientos en corredores escolares, entre otras acciones.
El acortamiento por Granados del curso básico de los nuevos efectivos a 6 meses, y su exclusiva utilización para generar un impacto de shock preventivo tuvo sus primeros efectos en 2015.
En La Plata, con 731 agentes y a una semana de su lanzamiento, tuvo 5 incidentes graves: en marzo un agente que intentaba descender de su moto, baleó a otro en la pierna; en el mismo mes una de las armas que portaba uno de los oficiales se disparó “involuntariamente”; en abril un agente local fue demorado por poseer marihuana y cocaína en su auto y en julio un agente de 23 años, egresado de la primera promoción de la fuerza, fue detenido acusado de robar un auto junto a tres cómplices.
Estos hechos motivaron la intervención de la Policía Local por el Ministerio de Seguridad bonaerense, lo cual no evitó el primer caso de gatillo fácil de la flamante fuerza: el joven estudiante tandilense Rafael Cobo, de 26 años, fue baleado en el interior de un centro cultural por el agente Julián Cabañas, de 35 años, que fuera de servicio y notoriamente alcoholizado había discutido con su mujer, también Policía Local, y comenzó a los tiros indiscriminadamente con su arma reglamentaria. Herido en el abdomen, Rafael se recuperó y dio cuenta del accionar del policía.
Sin embargo, el hecho sólo motivó la renuncia en septiembre pasado del titular de la fuerza local, Jorge Campostrini, aunque nunca se concretó la audiencia pública solicitada al intendente Bruera por la seguidilla de hechos. Firme en sus convicciones, el ministro Granados, que ya fue mencionado en una potencial cartera de Seguridad del ex motonauta, continúa afirmando que “cuando Daniel Scioli sea presidente, vamos a replicar en las grandes ciudades del país la policía local”. (5)
La tendencia a devolver todo el poder a la camarilla de comisarios de “La Mejor Maldita Policía del Mundo” promete profundiazrse con la gestión de la gobernadora electa María Eugenia Vidal, que en un involuntario chiste ha dicho “no vengo ni a hacer sólo purgas ni a darles sólo respaldo, vengo a hacer las dos cosas". Al parecer el elegido para ocupar la cartera de Seguridad es Cristian Ritondo, un viejo cuadro menemista vinculado a la SIDE a través de Miguel Ángel Toma. Ritondo fue vice ministro del Interior de Duhalde en el interinato 2002-2003, bajo la gestión de Jorge Matzkin, uno de los personajes claves en el armado de la Masacre del Puente Pueyrredón.
No se descarta que entre los asesores de Ritondo esté Eugenio Burzaco, hombre formado en la Universidad de Georgetown (Washington), que sucedió al “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana y debió renunciar tras la represión a la toma de tierras en el Parque Indoamericano de diciembre de 2010. Burzaco es gerente de la consultora de seguridad Templar S.A., y fue quien confeccionó los equipos técnicos de Macri en la Metropolitana. (6) Allí conformó lo que el psicólogo Alfredo Grande denominó una “terapia de grupo para los represores sueltos, donde la pedagogía clásica ha sido el gatillo fácil”. Un dato no tan difundido es que la Metropolitana contaba en 2013 con un 5% de efectivos en rangos operativos que eran o fueron militares, mayoritariamente de la Armada. De hecho, la fuerza lleva 24 muertos en 6 años, 6 de ellos por gatillo fácil. El último caso es el del joven Lucas Cabello, de 20 años, baleado en La Boca por el oficial Ricardo Ayala, de 24, mientras volvía de la panadería con su hija y su mujer.
La información aquí analizada intenta entonces mostrar lo invisibilizado y naturalizado de la represión, para instalar la discusión de que, por su alcance y extensión, las muertes a manos de agentes policiales, penitenciarios y de seguridad privada que padece el pueblo trabajador responde a una política de Estado. Ponemos en crisis con esa definición el engañoso concepto de “Violencia Institucional” que desde las esferas gubernamentales han elegido como eufemismo para hacer frente a las consecuencias de su propia política represiva. Si el Estado comete delitos contra las personas no se trata de “violencia”. Por eso decimos: “SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN DE ESTADO”. Una problemática que lejos estamos de superar y que recrudece con las nuevas versiones de la “Seguridad Democrática”. Dar la discusión sobre la represión en democracia y señalar a sus responsables es crucial para discutir en serio la situación de violación a los Derechos Humanos en nuestro país.
Y quienes decidan optar por el mal menor el 22 de noviembre, ya están alertados de lo que representa su elección.

(1)
http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php
(2)
http://www.senado-ba.gob.ar/archivos/comision_asesinato_candela_rodriguez/4_Responsabilidades.pdf
(3)
http://www.cij.gov.ar/nota-13110-Fallo-reconoce-oficialmente-89-v-ctimas-fatales-de-la-inundaci-n-del-a-o-pasado-en-La-Plata.html
(4)
http://blog.comisionporlamemoria.org/wp-content/uploads/2014/08/Informe.pdf
(5)
http://www.mseg.gba.gov.ar/mjysseg/Gacetillas%20Prensa/Gacetillas/Abril15/17-04-15b.html
(6)
http://www.sitemplar.com.ar/quienes.php

HIJOS La Plata
Noviembre 2015

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NO MAS AMENAZAS A LXS JOVENES TRABAJADORES DE BARRIO HIPÓDROMO


Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil denunciamos las amenazas y hostigamiento que están sufriendo lxs jóvenes trabajadores de Barrio Hipódromo de La Plata. Desde hace un mes que están persiguiendo a un grupo de amigos –entre quienes se encuentra el hermano Ezequiel Heredia y el de Omar Cigarán, dos pibes asesinados por las fuerzas de seguridad en 2009 y 2013- y particularmente amedrentándolos para que no se encuentren en la plaza del barrio.
Esta semana ya sufrieron dos ataques donde un oficial del Comando de Prevención Comunitaria, primero el lunes 16/11, los persiguió con el móvil policial a toda velocidad por dentro de las vías y al no poder interceptar a uno de los pibes, volvió al grupo que estaba reunido en el cruce de 120 y 41, y les dijo: “le voy a meter un tiro al negro ese”, junto a otros insultos para con los jóvenes incitándolos a “pararse de mano” con él. A los dos días, el miércoles 18/11, se repite el hostigamiento, y en este caso el mismo oficial les gritó por el altoparlante del móvil: “corre negro gato que te voy a agarrar”, asustando a los jóvenes que regresaron a la zona de sus casas. Inmediatamente, ese móvil pegó la vuelta para buscarlos y se encontró con vecinas del barrio, quienes lo interceptaron para frenar las amenazas. Los oficiales desmintieron lo sucedido y acusaron a uno de los jóvenes de haber cometido un delito, poniendo como único argumento la forma de vestir.
Sin embargo, se trata de jóvenes de entre 18 y 26 años que laburan en la construcción o en los studs del barrio, son quienes sufren la precarización de la vida; y son los discriminados y estigmatizados por las diferentes instituciones del Estado -incluyendo a los medios masivos de desinformación-. No son hechos aislados: hace dos días se llevó a cabo la Marcha de la gorra en Córdoba donde movilizaron más de 20 mil personas.
Por ello denunciamos el amedrentamiento a la familia Cigarán, a la familia Heredia, y que con más policías en las calles no nos garantiza seguridad. ¿Qué es la seguridad?
Nosotros seguimos denunciando el avance de las políticas represivas impulsadas por el gobierno nacional, provincial y municipal. En septiembre nos movilizamos en La Plata contra la impunidad de la represión de Estado y queremos conformar un espacio crítico de los sectores políticos que pretenden solucionar los problemas sociales con más policía y cárcel.
La gestión de Scioli en la provincia de Bs. As. nos deja un territorio militarizado y vaciado de políticas sociales en salud, educación, trabajo y cultura. La duplicación de los efectivos de la Bonaerense, las nuevas Policías Comunales, las cárceles saturadas de pobres tienen su efecto concreto: más de 600 víctimas de gatillo fácil, desaparición forzada, torturas y abandono en sedes policiales y penitenciarias entre 2007 y 2015. La gestión de Vidal promete profundizar este camino, con la seguridad al mando de Cristian Ritondo, un viejo cuadro menemista vinculado a la SIDE y ex vice ministro del Interior de Duhalde en el interinato 2002-2003, bajo la gestión de Jorge Matzkin, uno de los personajes claves en el armado de la Masacre del Puente Pueyrredón.

         Basta de hostigamiento a lxs jóvenes pobres

         Ni un pibe, ni una piba menos

         La represión es una política de Estado

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL
((Familiares y amigxs de Omar Cigarán-Mauricio Andrada-Andrés Nuñez, Casa por los DD.HH. Hermanos Zaragoza, Ceprodh, COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, Corall Grupo Antirrepresivo, HIJOS La Plata, Olla Popular de Plaza San Martín, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, Patria Grande))

Contacto de Prensa:
- Sandra, mamá de Omar (221) 15 - 5054652
- Julio (HIJOS LP) (221) 15 - 5892221

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viernes, 6 de noviembre de 2015

MIENTRAS BUSCÁBAMOS A MARTÍN, PERDIMOS A VIRGINIA.



Ayer 5 de Noviembre se conoció la noticia de la aparición de Martín Ogando, hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.
Al enterarnos de este acontecimiento nos invadió una mezcla de sensaciones, que van desde la satisfacción a la pena y la tristeza.
Porque Martín además de ser nieto de Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, es hermano de Virginia Ogando.

Virginia comenzó a militar en HIJOS La Plata en 2005, en la comisión de HERMANOS, espacio que eligió para buscar incansablemente a Martín. Fue ese mismo año que viajamos con ella a Pinamar rastreando un dato que le llegó sobre un chico que podría ser su hermano.
Compartimos con ella asambleas, cumpleaños, asados. Cada paso que Virginia daba tenía un fin: la búsqueda de su hermano. Fuimos también partícipes de la desilusión que le producía cada análisis de ADN que daba resultado negativo, y tratábamos de acompañarla en su dolor.
En agosto de 2011 Virginia se suicidó en Mar del Plata. Su fallecimiento nos generó una impotencia infinita, y nos dejó un vacío inconmensurable.
Al leer en el comunicado emitido por Abuelas, que entre 2006 y 2008, se recibieron tres denuncias anónimas, por teléfono y por mail, en las que se planteaba que quien hoy sabemos es el nieto de Delia y el hermano de Virginia, había sido inscripto como hijo propio de quienes decían ser sus padres, nos llenamos de preguntas, tales como:
¿Por qué se hizo caso omiso a esas denuncias que hacía más de ocho años habían sido recibidas en la Asociación Abuelas? ¿Si se hubiesen investigado a tiempo, hoy Virginia estaría dándole ese anhelado abrazo a Martín?
¿Por qué el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao se empeña es desguazar y trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand, en óptimas condiciones desde 1987, siendo que es este la herramienta que se ha encargado de restituirle la identidad a 118 jóvenes?
Seguimos sosteniendo que la restitución de la identidad de las personas apropiadas durante la dictadura es una obligación del Estado, no un patrimonio de un organismo de DD.HH.

Por otro lado, vemos con preocupación la situación del predio del ex Centro Clandestino de Detención "Pozo de Banfield”, donde nació Martín Ogando, frente a una serie de actividades y anuncios oficiales respecto a la inminente utilización del lugar como un “Espacio de Memoria”. A nuestro entender, la medida de no innovar, ordenada por el juez Corazza en 2006, continúa vigente, porque continúa en curso la investigación sobre los crímenes aún impunes cometidos en ese lugar, por lo tanto el lugar debe ser debidamente preservado hasta que se hayan concluido las investigaciones judiciales.
Ninguno de los sectores kirchneristas que se disputan el predio, realizaron aportes sustanciales para el avance de la causa N° 26 por los crímenes en el Pozo de Banfield. Ese expediente tuvo un tortuoso derrotero. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, con una pobre instrucción en la que Corazza sólo imputó a 7 represores por 134 casos. En un segundo tramo el juez procesó a 15 represores más, pero les otorgó automáticamente la prisión domiciliaria.
Estamos convencidos que la muerte de Virginia es consecuencia del secuestro de sus viejos, la apropiación de su hermano y las marcas que a largo plazo deja el Terrorismo de Estado. Y que la responsabilidad es de un Estado ausente que tardó demasiado en hacer lo que debería haberse hecho hace mucho.
Quienes la conocimos, hoy queremos recordar más que nunca a Virginia, emocionados al releer las palabras que le escribía en una de sus tantas cartas llenas de amor a su hermano:
“Y, por esas cosas que tiene la magia del pensamiento, al ver tanta y tanta gente festejando, me vi y nos vi, cantando entre esa multitud, y sentí que estaba junto a vos alegre y feliz y que, como consecuencia de tanta memoria acumulada, aquel naufragio se había transformado en dulce reencuentro.”

¡Bienvenido Martín!
¡Delia te abrazamos bien fuerte!
¡Hasta siempre querida compañera Virginia!!
¡30.000 detenidos-desaparecidos PRESENTES!

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miércoles, 4 de noviembre de 2015

Repudiamos el allanamiento de la DDI ordenado por el fiscal Garganta.

BASTA DE AMEDRENTAMIENTOS A LA FAMILIA DE OMAR CIGARÁN

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil repudiamos el operativo llevado a cabo en la tarde del lunes 2 de noviembre en la casa de la familia de Omar Cigarán, asesinado por el agente Diego Walter Flores de la Policía Bonaerense el 15 de febrero de 2013.
La medida, realizada por agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata, y ordenada por el fiscal Álvaro Garganta, es completamente injustificada, desmedida y sólo nos remite a un intento de amedrentar a la familia de Omar y a quienes luchamos por justicia en el caso.
El pasado lunes por la tarde se desplegó en la vivienda de la familia un operativo con móviles de la DDI La Plata y de la Comisaría 2da. Al ser requerida la orden de allanamiento y preguntados por qué motivo se realizaba el allanamiento, los agentes, a cargo del oficial Gómez, se negaron a dar explicaciones y continuaron “procediendo”.
Pese a que el domicilio de la familia se encuentra al final de un pasillo con varias viviendas, la primera casa requisada fue la de la familia de Omar, donde no se halló nada. Ya en la vivienda, una agente policial amedrentó a la madre de Omar diciendo “yo si te puedo tocar porque soy mujer”, le quitó el celular con el que trataba de comunicarse con sus compañeros y en una acción totalmente desmedida hasta le impidieron atender el teléfono fijo.
Al finalizar el operativo, no dejaron copia de la orden de allanamiento, y sólo anoticiaron a una vecina cuya casa también fue requisada. En la orden figura que el procedimiento se realizó en el marco de la IPP N°06-00-038258-15 de trámtie ante el juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Juan Pablo Masi, y en funciones de la UFI N°11, a cargo de Álvaro Garganta. Allí se faculta a “personal que el nombrado designe” a registrar un domicilio de un N.N. coincidente con el de la familia de Omar, para constatar y secuestrar estéreos y autopartes de 5 móviles de los que sólo se especifican las marcas.
Acorde a esta información, el miércoles 4 de noviembre por la mañana nos presentamos junto a la madre de Omar a pedir explicaciones en las oficinas de la UFI N°11. Ante el repentino ausentamiento del Dr. Garganta, nos atendió su secretario Gonzalo Petit Bosnic. Tras manifestarle nuestra indignación por el operativo nos respondió que efectivamente ellos llevan la investigación en cuestión y que no sabían que entre los domicilios allanados estaba el de la familia de Omar. Le respondimos que no pueden desconocer el dato, siendo que ellos instruyen parte de la causa complementaria por el asesinato de Omar, en lo que refiere al accionar de la Policía en el encubrimiento del hecho. Ante esto, trató de explicar que ellos reciben más de 2 mil causas por mes, de las cuales muchas tienen requerimiento de prueba y allanamientos de parte de la DDI, y que “no podemos revisar una por una al detalle”. Insistimos en que tanto Garganta como Bosnic conocen el caso de Omar y no pueden mandar injustificadamente a allanar con la Policía a una familia que ha sido afectada directamente por el accionar policial.
Bosnic respondió que esta investigación se había generado por una denuncia de robo de parte de agentes de la Asesoría Pericial, de calle 41 entre 119 y 120 en Bario Hipódromo, de donde se habrían sustraído las autopartes. Le dijimos que los fondos de la Asesoría, donde está el depósito, no cuenta con custodia y que no pueden disponer allanamientos “al voleo” por un N.N. por más que la casa de la familia sea lindera con la Asesoría.
Bosnic reconoció que “hubo un error en el procedimiento” y que muchas veces la DDI no informa los domicilios reales a allanar, para tener amplia disponibilidad en su obrar. A esto respondimos que conociendo ellos las modalidades del “procedimiento” policial, no pueden ser cómplices de ese accionar y que si son engañados por la DDI es su responsabilidad, igual que si desconocen lo que la Policía hace cuando ellos la mandan a allanar irregularmente.
El secretario se comprometió a no realizar más allanamientos en esta causa, y mucho menos de esta forma irregular y “al voleo”.
El episodio marca claramente la manera de trabajar del Ministerio Público en toda la provincia, que deposita en el “olfato policial” la conducción de las investigaciones, cuando deben ser ellos los que
administran justicia.
Pero aún más, quienes trabajamos contra la impunidad de la represión de Estado sabemos que la justicia dispone a cualquier costo de todos los recursos para investigar cuando se trata de delitos contra la propiedad, pero despliega inversamente todo el abanico de herramientas burocráticas para entorpecer, retrasar, encubrir y desviar las investigaciones si los señalados son agentes del Estado.
Las organizaciones que acompañamos a la familia de Omar en la lucha por justicia seguiremos denunciando este y todos los casos de gatillo fácil cometidos por la bonaerense en la gestión del gobernador Scioli, así como el accionar cómplice de la justicia que se niega a investigar y condenar a los asesinos de uniforme.

Juicio y Castigo al asesino de Omar Cigarán y a los encubridores del crimen.
Basta de gatillo fácil.
Ni un pibe, ni una piba menos.

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL
((Familiares y amigxs de Omar Cigarán, Familiares y amigxs de Mauricio Andrada, Familiares y amigxs de Andrés Nuñez, Casa por los DD.HH. Hermanos Zaragoza, Ceprodh, COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, Corall grupo Antirrepresivo, HIJOS La Plata, Olla Popular de Plaza San Martín, Frente Popular Darío Santillan-Corriente Nacional, Patria Grande))


CONVOCAMOS A ACOMPAÑAR LA LUCHA
“MIL DÍAS SIN OMAR”
JORNADA POR JUSTICIA POR OMAR CIGARÁN
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE – 10HS -
FISCALÍA - 7 ENTRE 56 Y 57

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martes, 3 de noviembre de 2015

NO AL PROYECTO DE DESGUACE DEL BNDG

Desde HIJOS La Plata nos oponemos al proyecto de Ley de creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de casos de NN y Desaparición Forzada de Personas, impulsado por el diputado del FPV Horacio Pietragalla y que lleva el N° de expediente 3479-D-2015 y trámite Parlamentario 71 (17/06/15). El proyecto se tratará este miércoles en el Congreso.


El proyecto crea, en la órbita del Ministerio de Justicia, una Unidad de Registro con el objetivo de “establecer la filiación y facilitar la búsqueda de las personas que se encuentren en cualesquiera de esas situaciones”, con exclusión de aquellas que estén comprendidas en las disposiciones de las Leyes números 23.511 (del viejo BNDG) y 26.548 (del nuevo BNDG).
Entre las funciones que se pretende asignar a la nueva Unidad de Registro están las de documentar hallazgos de cuerpos “de filiación desconocida; extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado o circunstancias similares que se produzcan en el territorio nacional y fuera de él, cuando afecte a nacionales argentinos”. Además se mandata a “colectar, sistematizar y entrecruzar toda información acerca de las personas objeto del Registro” en coordinación con otros registros nacionales.
En el punto d) del Artículo 3 el proyecto crea un Banco de Datos “para el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta Unidad de Registro”, al que se pondrá en coordinación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, derivando los casos de lesa humanidad a este último y el resto de los casos al nuevo Banco que pretende crear el proyecto.
Además, en el punto f) se dispone “realizar un seguimiento de los casos que haya registrado, hasta su efectiva dilucidación, y trasmitir los datos al Banco de Datos creado por la presente ley o al BNDG creado mediante las Leyes 23.511 y 26.548, cuando resultare que el supuesto encuadra en el ámbito de su competencia”.
Apelando al derecho a la Verdad y a la Identidad que l nueva ley del BNDG limitaba, el proyecto se plantea “contribuir a la investigación eficaz, esclarecimiento y sanción, en su caso, de los casos de filiación desconocida, extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado , etc; a la vez que se propone “contribuir a la restitución de la identidad, búsqueda y localización de las personas”.

Como dijimos en 2009, cuando se sancionó la ley 26.548, y como venimos sosteniendo desde la “Mesa Todos por el Banco”, el Estado argentino sigue improvisando sus políticas referidas al derecho a la Verdad y a la Identidad.
Desde hace 6 años venimos señalando que la nueva ley del BNDG sólo buscó su traslado al Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación para utilizarlo como plataforma de un emprendimiento de medicina genómica. Dijimos que esa ley es restrictiva respecto al derecho universal a la Identidad y que con su aplicación el BNDG fue objeto de una medida regresiva e inconstitucional. Denunciamos judicialmente como inconstitucionales los artículos 2 y 5 de aquella ley, porque limitaron la competencia del BNDG a la fecha del 10 de diciembre de 1983. Dijimos que esa arbitrariedad beneficiaba a los laboratorios privados, a los cuales deberán acudir los nacidos y/o registrados en fecha posterior que tengan la capacidad económica para pagar un estudio de esta complejidad. Pero también dijimos que fundamentalmente, la fecha del 10 de diciembre de 1983 pretendía negar la existencia de desaparición forzada de personas ocurridas bajo los gobiernos democráticos.
También venimos señalando que bajo la Ley 23.511 con la que se creó el BNDG, la identidad biológica de todos podía hacerse realidad. El Banco es la única herramienta confiable que se ha podido desarrollar y mantener hasta el momento y que permite averiguar la identidad de los niños apropiados por el estado terrorista, en tanto no sea posible acceder a los archivos de inteligencia de la represión ocultos por los genocidas y por sus cómplices de hoy.
Reafirmamos, que el proceso de desnaturalización y vaciamiento que comenzó con la Ley 26.548 y que avanzó con su reglamentación en 2013 y el operativo de traslado durante 2015, debe ser revertido.
No puede desarmarse lo que ha venido funcionando bien con la excusa de mejorar lo que no se ha hecho en 32 años de democracia. El Estado argentino, que con la Ley de 2009 dejó librada a su suerte a aquellas personas que buscan su identidad y cuyos casos no se refieren al accionar del Terrorismo de Estado, pretende ahora crear un Banco específico para esos casos, asumiendo el vació que han generado. De hecho, entre los fundamentos del proyecto del diputado Pietragalla, está el reconocimiento de ese vacío. Allí se puede leer que “en el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, surge la obligación de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir y sancionar las privaciones ilegítimas de la libertad y las desapariciones forzadas de personas, como así también contribuir a la localización e identificación de personas ausentes, con paradero ignorado o fallecidas, cuya identidad no hubiera sido establecida. El proyecto de ley que se propone viene a cubrir, justamente, esa obligación a la que se comprometió el Estado”.
Pero el cinismo con que el diputado Pietragalla y los firmantes del proyecto pretenden justificarlo no tiene límites. Tras negar públicamente que se haya limitado el objeto del BNDG y que la nueva ley haya sido restrictiva, se han puesto a trabajar en este proyecto, que en sus fundamentos reconoce que las Leyes 23.511 y 26.548, “no cubren los casos de desapariciones posteriores a 1983. Por eso, teniendo en cuenta la limitación del objeto por el cual se creó el referido Banco, aparece como necesaria la creación de un nuevo banco”. Y hasta se dan la posibilidad de reconocer la incapacidad actual del Estado para investigar las desapariciones forzadas en democracia, al expresar en los Fundamentos del proyecto que “de haberse contado con un registro como el que se propone en este proyecto de Ley, es probable que no se hubiese tardado tanto tiempo en confirmar la muerte de Luciano Arruga”.
En la investigación por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, que lleva más de 9 años impune, ha quedado en evidencia la falta de un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, tarea que está librada al azar y a la responsabilidad de cada funcionario en todo el país. Pero el avance en la creación de ese Registro no puede hacerse avalando el desguace del BNDG.

Porque somos coherentes con nuestra lucha, desde HIJOS La Plata seguimos diciendo:
- No al Desguace y Traslado del BNDG.
- Por el Derecho Universal a la Identidad.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Basta de negociados con la Verdad y la Memoria.

Adjuntamos link de algunos artículos nuestros en el marco de la lucha contra el desguace y traslado del BNDG.
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2014/11/cambiar-para-peor.html
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/02/comunicado-banco-nacional-de-datos_27.html
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/05/seguimos-defendiendo-el-banco-nacional.html
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/04/avanzan-los-negocios-en-el-bndg.html
https://www.facebook.com/HIJOS.LaPlata/posts/1639597116329181

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