NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 14 de julio de 2017

NOVENA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

UNA FLOJA AYUDITA DE TUS AMIGOS

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares comenzó la rueda de testigos de las defensas de los asesinos. Presenciamos un flojo papel de los peronistas platenses amigos de Pomares tratando de presentarlo como un militante de base y víctima de una persecución política.

Por HIJOS La Plata
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En primer término dio su testimonio Carlos Ángel Donamaría, amigo personal del “Pipi” Pomares, hombre del Partido Justicialista y ex intendente de Junín, que trató de pintar al asesino como un abnegado militante por la causa de los humildes. Donamaría, apodado “El Oveja” entre la militancia, relató que conoció a Pomares en la década del ’80, cuando él se vinculó al Movimiento de Renovación impulsado en el partido por Antonio Cafiero y cuya rama platense era coordinada entonces por Julio Alak. Afirmó que militó junto a Pomares en el peronismo desde 1987 y hasta su detención, y que “El Pipi” le había comentado su preocupación por el avance de la causa en su contra en una de las tantas reuniones que tenían, café de por medio, en el centro platense. “¿Qué vas a hacer? Tenés contactos políticos”, le habría preguntado el amigo al represor, que según Donamaría le contestó: “No voy a ver a ningún político, ni me voy a ir. Vos sabés que soy inocente y no maté nunca ni una mosca”. Ante tal escenificación de la mentira, el público presente no pudo contener su expresión de irritación y exclamó indignado. Ante ello el presidente del tribunal, Germán Castelli, ensayó una sanción individual al o los vociferantes y luego resolvió desalojar la sala por el resto de la audiencia.
Al retomar su colorido relato el testigo profundizó que un día en los ’80 había que organizar un acto para el PJ y lo mandaron a hablar con Pomares para movilizar a la gente en micros desde barrio Hipódromo. Allí habría conocido al represor, lo cual denotó que no tenía nada para aportar sobre los hechos del juicio. De hecho, sobre la época de los hechos, el testigo dijo que entre el ’71 y el ’76 trabajó como fotógrafo en el hipódromo, retratando la llegada de caballos al disco, el pesaje y el desensillado. Curiosamente agregó que, aunque él no era empleado del hipódromo y no iba cuando no había carreras, “nunca vi conflictos y no conocía al personal”.
Donamaría olvidó relatar que él mismo fue sub-interventor del hipódromo en la gestión de Alak como intendente, en 2002, durante la intervención de Gerardo Carezano en la sede local del turf. Curioso el dato de que cuando procesaron a Pomares y a Castillo el ministro de Justicia de la Nación kirchnerista no era otro que el propio Alak, que nada aportó a la causa CNU La Plata quizás porque conoce demasiado el paño. El círculo de amistades, cargos y negocios en el peronismo de ayer y de hoy se cierra perfectamente, ya que Donamaría es hoy hombre del diputado Juan José Amondarain, de quien durante mucho tiempo fue secretaria la mujer de Pomares.
También dijo que Pomares trabajó de asesor del senador provincial del PJ Carlos Mosse, quien a su vez había sido secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de Nación durante las gestiones de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, y bajo el mando de Roberto Lavagna y Felisa Micelli. Mosse tenía mandato como senador entre diciembre de 2007 y de 2011, pero murió de cáncer en junio de 2011. Su militancia en el kirchnerismo parece no haberle impedido conchabar como asesor en el senado provincial al asesino Pomares que, al igual que muchos otros integrantes de la CNU local, vivió durante décadas de los sueldos de empleado público que consiguió en la Legislatura provincial y la Municipalidad platense por sus contactos políticos. Entre ellos, Alberto “El cabezón” Delgado, responsable del reciclamiento de muchos asesinos de la banda de Castillo en el poder local. Por las dudas, Donamaría trató de aclarar: “Mosse era a-mi-go de Pomares. Y si hubiera sabido que tenía una falencia de otra época, no lo hubiera soportado ni cinco minutos”. Contrasta con los 42 años que lleva impune por sus crímenes de juventud al amparo de todos los dirigentes del PJ local.
En el máximo de la puesta en escena el testigo agregó que en los ’80 el asesino se dedicó siempre a organizar los barrios, “a la acción social, con comedores y apoyo escolar. Siempre tuve el mejor concepto de él. Nunca en mi vida pude verle una patología mental, ni nada por el estilo. Fue un gran compañero. Siempre preocupado por los humildes”, aseguró sin perturbarse.


La segunda y última testigo fue Juana Alina Silveira, jubilada de 65 años, ex militante peronista de base y también amiga y compañera de Pomares.
En un testimonio evidentemente acordado con anterioridad, Silveira conto que “Pipi es más chico que yo. Cuando él empezó a militar yo ya estaba participando. Es un peronista acérrimo, siempre preocupado por los que menos tienen. La verdad que es una persona admirable. Un militante, un peronista”.
Para sumar dramatismo contó, sin especificar fecha ni lugar, que en dictadura ella estuvo detenida-desaparecida durante 3 meses, que tiene un hermano desaparecido y otros que estuvieron detenidos en la esa época. Agregó que en las visitas a su hermano en la Unidad 9 supo que Pomares estaba allí detenido. Al preguntársele si sabía por qué estaba detenido Pomares dijo: “Por ser peronista”. En realidad la causa por la que cayó en desgracia la banda de la CNU La Plata fue porque, a las par de los asesinatos políticos, realizaban violaciones de domicilios y robos simulando ser autoridad policial.
La testigo relató también que en los ’90, Pomares fue compañero de militancia de Juan Carlos Arias, a quien apodaban “El Vaca”. Arias sufrió 6 meses de detención ilegal en dictadura en la sede de Infantería/Caballería de la Policía Bonaerense en calles 1 y 60. Como testigo en este juicio Arias contó que en el operativo de su secuestro en abril de 1976 estuvo presente el “Indio” Castillo, en lo que fue además uno de los últimos hechos protagonizados por la CNU en La Plata. Llegada la democracia, varios militantes del ’70 se refugiaron en el alakismo, donde se cruzaron peronistas de bandos antagónicos del pasado. Según la testigo, cuando Alak dejó la intendencia muchos punteros de fueron dejados cesantes, y desde la Unidad Básica de 12 y 34 los que tomaron la posta para reorganizar el espacio fueron “Vaca” y “Pipi”.
A partir de allí, las afirmaciones de la testigo comenzaron a alejarse cada vez más de la realidad. Primero quiso dar a entender que en la Unidad 9 estaban detenidos juntos los presos políticos y los integrantes de la CNU, y que todos sufrieron tortura. La afirmación fue refutada en este y otros juicios por el testimonio de Luis Córdoba, trabajador de Astillero y ex preso en dicho penal, que contó detalladamente que los CNU estaban aparte y gozaban de libertades y privilegio que los presos políticos no tenían. Al repreguntarse por el tema la testigo Silveira dijo: “En las visitas los familiares estábamos juntos, los presos no sé”.
Luego, al preguntársele en qué agrupación específica del peronismo en los barrios militaban con Pomares en los ’70 no supo responder. “En el PJ, en la Juventud Peronista”, dijo. Resulta paradójico que los militantes de la Juventud Peronista de La Plata eran en realidad las víctimas de la CNU, muchos de cuyos casos se han ventilado en este juicio aunque no son tenidos en cuenta como caso para la acusación.
Ante tal desparpajo, el juez Alejandro Esmoris preguntó a la testigo si se trataba de la Juventud Peronista de la República Argentina, un grupo de la derecha del movimiento encabezado por Julio Yessi (hoy condenado por delitos de lesa humanidad) y conocido en la jerga como la “Jotaperra”. Silveira contestó inmutable: “No. Es la primera vez que lo escucho. Nosotros no estábamos afiliados. Éramos peronistas”.
Al requerirle si supo si Pomares fue parte de alguna otra organización contestó escandalizada: “Nooo!!!”. A pregunta del juez Germán Castelli, a punto de perder la paciencia, sobre si oyó hablar de la CNU, la testigo respondió: “Escuché, pero nunca la entendí. Era un centro universitario, ¿no?. Era un grupo muy cerrado”. Y finalmente, sobre si Pomares, que está acusado en este juicio por el secuestro y homicidio de Néstor Dinotto y Graciela Martini, integró la CNU dijo: “Noooo!!! Era muy chico”.


La estrategia de los abogados de Pomares, Christian Romano y Oscar Salas de presentar como testigos a las amistades de los represores de Estado no es nueva. Cuando defendieron al comisario Luis Raúl Ponce, uno de los torturadores y desaparecedores de Andrés Nuñez desde la Brigada de Investigaciones de La Plata en 1990, llamaron a su esposa a brindar el “buen concepto” que tenía de su marido. Sin embargo la señora terminó reconociendo que lo ayudó a profugarse, situación en la que estuvo 12 años hasta ser capturado en 2012 y condenado a perpetua en marzo pasado.
La mise-en-scène de Salas y Romano continuará por un par de audiencias, con la citación de más amigos de Pomares y dirigentes del PJ platense como Tomás Bernard, Osvaldo “El Gallego” Rodríguez Maggi, el ex secretario del gobernador Victorio Calabró, Juan Destéfano, y hasta el ex montonero y hoy hombre de negocios en la industria bélica Mario Montoto. Para hablar de las dotes de los acusados faltaría citar a los ex CNU que aún quedan vivos, y que son más de una decena.

TRAS LA FERIA JUDICIAL, LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL 7 DE AGOSTO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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jueves, 6 de julio de 2017

OCTAVA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

AJUSTADOS A DERECHO 

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares la querella de Justicia Ya La Plata pidió la ampliación de indagatorias por 4 casos que no habían entrado en el debate. El resto de las querellas y la fiscalía no acompañaron el pedido. El Tribunal reconoció errores en la instrucción de la causa, pero rechazó por unanimidad el planteo. La endeble dinámica de los juicios a los genocidas quedó con ello al descubierto.


Por HIJOS La Plata
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En la octava audiencia del proceso contra dos represores de la CNU La Plata, la querella del espacio Justicia Ya La Plata, que integramos la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Apel, Ceprodh, HIJOS La Plata y otros compañeros y compañeras, realizó una intervención en el debate que se imponía necesaria tras haber escuchado los testimonios sobre decenas de casos que no están contemplados en este juicio. Este proceso que contempla 7 casos en 3 hechos distintos, lo decíamos en notas anteriores, queda muy chico para la cantidad de crímenes que cometió la banda de la derecha peronista en nuestra ciudad y que superan los 60 homicidios. Precisamente tomando aquellos testimonios donde se mencionaba específicamente a los represores Castillo y Pomares, se realizó un pedido de ampliación de la acusación y de nuevas indagatorias sobre ambos imputados, apelando al artículo 381 del Código Procesal Penal que oportunamente establece que “si de las declaraciones del imputado o del debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión, pero vinculadas al delito que las motiva, se podrá ampliar la acusación”. Según el código entonces “el nuevo hecho que integre el delito o la circunstancia agravante sobre la que verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y en el juicio”.
Las abogadas Luz Santos Morón (Ceprodh) y Pía Garralda (Apel) responsabilizaron por los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio agravado a Carlos Ernesto Castillo respecto de las víctimas Carlos Sathicq, Ricardo Rave, Horacio Urrera, y Luisa Marta Córica y a Juan José Pomares por los casos de Urrera y Córica. Las abogadas conceptuaron esos crímenes como “perpetrados en el marco del plan genocida llevado adelante en nuestro país durante el terrorismo de estado previo y durante el último golpe cívico-militar”.Carlos Sathicq  era trabajador y delegado gremial de la empresa Limpiolux, contratista de la entonces Propulsora Siderúrgica del grupo Techint. Fue secuestrado en la madrugada  del 20 de abril de 1976, en el mismo operativo en el cual  secuestraron también a Leonardo Miceli y Horacio Urrera. Los tres fueron secuestrados y asesinados juntos, y sus cuerpos aparecieron acribillados juntos a la vera del arroyo Santo Domingo, en Sarandí.
En la audiencia del pasado 17 de mayo, la testigo Ana María Bossio, esposa de Miceli,  expresó señaló la conexión entre los tres crímenes y señaló que el padre de Sathicq fue a reconocer los cuerpos con su padre. También en el juicio, el 22 de mayo pasado, el hermano del militante peronista, estudiante de derecho y delegado gremial en Rentas Horacio, Mario Urrera, refirió que en una gestión por su hermano ante el Regimiento 7 conoció a Frauro Sathicq, el padre de Carlos, e intercambiando datos dedujeron que sus familiares habían sido secuestrados en un mismo hecho. Todos los relatos de los familiares coincidieron en marcar un mismo modus operandi: secuestros por la noche, operativos en banda, con armas largas, con autos particulares, simulando autoridad policial o militar, robando pertenencias de las familias, ultimando los cuerpos en un descampado. La unidad de hechos que presentan los casos Sathicq y Urrera fue fragmentada en la instrucción sin ningún fundamente y sólo se tomó en cuenta para este juicio el caso de Miceli. Era la oportunidad de saldar esa iniquidad.
Además, en la audiencia del  29 de mayo el hijo de Luisa Marta Córica, militante de la JUP, trabajadora de la Legislatura y delegada de los trabajadores del Hipódromo platense, secuestrada y asesinada el 7 de abril de 1975, calificó el crimen de su madre como “un acto del terrorismo del Estado” del que aseguró “yo también soy víctima junto a mis hermanos, ya que arrastramos esto desde hace 42 años”. Ariel Suárez relató que tenía 10 años, y sin embargo pudo reconstruir  que su madre: “vivía atemorizada y sintiéndose expuesta”,  por las amenazas de la CNU. Recordó que tuvo charlas con su madre y que siempre le nombraba al “Indio” Castillo como “la peor amenaza”. De hecho recuerda haberle pedido a Luisa que se fuera y reclamarle “¿Qué vamos a hacer si el “Indio” te mata?”. Ariel contó que cuando pudo recuperar el puesto de trabajo de su madre en la Legislatura fue conociendo a algunos compañeros de ella y que se cansó de escuchar que le mencionaran que el “Pipi” Pomares estaba implicado en el crimen de su madre: “En ese momento Pomares trabajaba de asesor en el Senado. Era vox pópuli que se había dedicado a reventar gente, igual que toda esta banda del terror”.
Por último, en la audiencia del 19 de junio Mariana Rave, hermana de Ricardo Arturo “Patulo” Rave, militante de la UES asesinado el día 24 diciembre de 1975, contó que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años e indicó que “Patulo” tenía 18 años y llevaba 3 meses viviendo en casas de compañeros por razones de seguridad. Lo secuestraron de la casa de sus padres cuando fue de visita, y la CNU ya había atentado 2 veces contra la casa y secuestrado a un hermano menor de “Patulo” por unas horas. Además por la vía de dos tíos militares, Bernardo y Wilfredo Rave, pudieron averiguar desde dentro que no se trataba sólo del Ejército, sino de la Policía y la CNU. Testimonio similar prestò Marìa Juana Rivas en la audiencia del 21 de junio, madre de “Patulo”, y Federico Rave, que haciendo referencia al operativo en donde secuestran a su hermano, afirmó que el que manejaba el grupo era “El Indio” Castillo, a quien conocía del ámbito de los partidos de fútbol, y que “cuando lo sacan a ‘Patulo’, ‘El Indio’ le dice ‘pibe andá a buscar la ropa, vestíte, traé el DNI que te venís conmigo’”.
La querella de Justicia Ya La Plata basó su legitimación para hacer tal petición y formular requerimiento en el conocido fallo “Santillán, Francisco Agustín” de la Corte Suprema de la Nación en agosto de 1998, donde se estableció que la querella en solitario podrá “no sólo habilitar la posibilidad del dictado de una sentencia condenatoria sino también ampliar la acusación ya en esa etapa”. Luz Santos Morón recordó que el máximo tribunal había fundado por entonces que “si está permitido al querellante formular acusación, no parece razonable impedirle ampliarla, dentro de los límites y siguiendo el estricto procedimiento señalado por la ley para no afectar el derecho de defensa del acusado”.
La abogada Pía Garralda habló directo al tribunal para decir: “Sres. Jueces, tienen la posibilidad de subsanar lo ocurrido en instrucción, de remediar esa determinación que se apartó de toda lógica, incurriendo en un grave daño para los familiares de Urrera y Saticq. Este tribunal no puede juzgar sólo el hecho de Miceli haciendo oídos sordos a los familiares que declararon frente a ustedes”. Y agregó respecto a los otros dos casos, Córica y Rave, que “lo que constituye un hecho nuevo es la responsabilidad directa sobre los imputados”, que no fue tenida en cuenta en instrucción por los jueces Arnaldo Corazza primero y Manuel Humberto Blanco después. Marcó que habiendo superado los familiares el temor de señalar a los asesinos, que no son sólo Castillo y Pomares y que en su mayoría están libres, “primó más la necesidad de obtener, luego de 42 años,  justicia por sus familiares. Sres. Jueces, no pueden desconocer la actitud tan valiente de los testigos”. Por último, Garralda fue contundente al señalar que “remitir a instrucción estos testimonios, implicaría la revictimización de estos compañeros, que nuevamente tendrían que someterse a las implicancias de otras causas; cuando ya hicieron su exposición  nuevamente ante 3 jueces, el Ministerio Público Fiscal, tres querellas y la Defensa en pleno”.


EL RECHAZO
Pese a la razonabilidad del planteo del Justicia Ya, el Tribunal Oral Federal 1 rechazó por unanimidad el pedido de ampliación de la acusación y, excusándose en razones meramente formales, se ensayó una respuesta que deja claro que los magistrados ingenian un conflicto insalvable entre la necesidad de escuchar a las víctimas y el mandato de ajustarse a derecho. Los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris no cuestionaron en ningún momento el contenido del planteo de la querella, sino que se remitieron a cuestiones procedimentales del derecho, sin tener en cuenta que el Estado tiene el deber de resolver en un solo juicio todo aquello que se le atribuye al imputado si tiene a su disposición los elementos para hacerlo.
El Dr. Castelli realizó una sucinta remisión a su voto en el fallo de octubre de 2015 del juicio a la Fuerza de Tareas 5, en causa “Vañek”, donde en disidencia y en minoría negó la ampliación de la acusación sobre 3 marinos imputados porque “violaría, a mi entender, los derechos de defensa en juicio y debido proceso de los nombrados de acuerdo al código ritual vigente, que exige para la apertura de la etapa del juicio oral, que los encausados sean previamente indagados, procesados y requerida la elevación a juicio respecto de ellos, con el debido control de un  tribunal de alzada”. En aquella ocasión su voto en minoría no impidió la ampliación exigida por Justicia Ya y acompañada parcialmente por algunas querellas. Ahora Castelli arguyó la violación del principio del juez natural y del principio penal de “Ne bis in ídem” (“no dos veces sobre lo mismo”) que garantiza a toda persona que no sea juzgada nuevamente por el mismo delito o infracción, haya sido absuelto o condenado. Es de notar que aquí la situación es la inversa. En tono balbuceante, que lo complica a veces para conducir el desarrollo de las audiencias, Castelli trató de argumentar que si hubo errores en instrucción “la solución no puede ser esta porque puede tender a deslegitimar juicios de esta naturaleza”.
A su turno el Dr. Vega desarrolló oralmente una extensa fundamentación de su rechazo al pedido. Porfió que si bien “estamos de acuerdo con no fragmentar las causas, y nos piden que resolvamos problemáticas reales y concretas, lo hacen apelando a un instrumento inadecuado”. Agregó que el artículo 381 “lo presentan de manera forzada en este etapa, ya que no está pensado para destrabar estas situaciones”. Y finalizó diciendo que “si bien el argumento de invocar una ‘justicia real’ con plazos razonables es valedero, no corresponde en materia del proceso penal, donde hay reglas que respetar, que no son azarosas o vetustas. No podemos violar la Constitución Nacional para hacer corresponder el ‘ser’ con el ‘deber ser’. Es más honesto que nos pidan que nos apartemos del Código. SI hubo errores en instrucción, no los podemos corregir en esta etapa”.
Por las dudas, Vega dejó a salvo su posición de adherir a la legitimación plena de la querella privada para hacer este planteo, con independencia de los planteamientos de la querella pública realizada por la fiscalía.
La posición unánime del tribunal la completó el voto del juez Alejandro Esmoris, que se remitió sin mayor esfuerzo a hacer suyos los argumentos del juez Vega. El apego a la constitucionalidad de los actos del Dr. Esmoris viene dejando bastante que desear, ya que ha aplicado arbitrariamente la realización de un nuevo cómputo de detención, vía artículo 7 de la ley 24.390 llamada del “2x1”, para los represores condenados Alejandro Duret en Mar Del Plata 2016 y Abel Dupuy, Ramón Fernández y Catalino Morel en La Plata en junio pasado, habilitando la posibilidad de liberarlos. Tal decisión ha sido debidamente repudiada en las calles de La Plata y, frente al mismo Esmoris, al final de cada audiencia de este juicio por familiares y organismos de Derechos Humanos.

Párrafo aparte merecen las posiciones del resto que las querellas, tanto particulares como del Ministerio Público, que decidieron jugar el juego de la fragmentación y la dilatación de los procesos que el propio poder judicial plantea para estos juicios. En la audiencia, la Dra. Marta Vedio, que representa especialmente en este debate a la Unión por los Derechos Humanos y LADH, afirmó que el planteo de Justicia Ya se asienta en una serie de hechos “que a todos nos preocupan e indignan” en lo que definió “un juicio insólitamente fragmentado”. Detalló además que su querella pidió en instrucción la unificación de las causas “Gershanik”, “Urrera”, “Suárez”, “Pizarro” y “Zaldúa y otras” con este proceso que está en pleno juicio. Sumó que en su momento la fiscalía había opinado en instrucción que la causa “Urrera” se unificara, pero no tuvo efecto concreto, pese a la queja de su querella. Sin embargo dijo que “los hechos por los que se está pidiendo ampliar están siendo investigados en el juzgado de instrucción, en distintos estados procesales, y cuentan con querellantes particulares que tienen su propia estrategia procesal que esta querella va a respetar". Con ello negó el acompañamiento al planteo en razón de “coherencia” con su tarea en instrucción. A su turno, el Dr. Pedro Griffo, representante indistintamente de la secretarías de Derechos Humanos de Provincia y Nación (tanto en épocas de CFK-Scioli, como de Macri-Vidal) dijo que no se encontraban en condiciones de acompañar el pedido “toda vez que la totalidad de los casos por los que se intenta la ampliación están siendo investigados en otras causas donde ambas secretarías estamos presentadas como parte querellante”. Los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, que en el juicio FT5 de 2015 habían acompañado un pedido de ampliación (aunque sólo en 1 de las 15 víctimas), dejaron en claro su acuerdo en la posibilidad autónoma de las querellas en pedir la ampliación, pero apuntaron que “la posición y estrategia de esta fiscalía ha sido que se desarrolle en primera instancia la posibilidad de ahondar e investigar estos hechos, por eso en su momento avanzamos con el requerimiento de elevación a juicio tal cual está hoy planteado aquí”.


UNA REFLEXIÓN
Si la práctica del Derecho es un sutil juego de verdades y ocultamientos, aquí quedó expresado que ante una realidad incontestable, primaron las razones formales, porque admitir que  se dan los  supuestos para la procedencia de una ampliación de la acusación, no implica para los jueces adelantar criterio sobre una eventual  condena, y los defensores tienen potestad para realizar sobre el punto los planteos que consideren oportunos.
Pero además, los testimonios de los familiares de las víctimas que han mencionado a los imputados de este juicio como partícipes de los crímenes que se ventilan en este debate no pueden ser tomados como meros “elementos de contexto” porque si en nombre de supuestas  garantías se les niega a las victimas el derecho a esa verdad, también el proceso se ve cuestionado. La respuesta de la justicia a los familiares de las víctimas, curiosamente acompañada por algunas querellas privadas y públicas, no puede remitirse a que sigan esperando el cauce natural del proceso penal a 42 años de los hechos.
La posición del actual Tribunal Oral 1de rechazar la ampliación de la acusación amparándose en razones de garantías de los imputados olvida el derecho de las víctimas  al debido proceso. Máxime cuando la cansina dinámica de estos procesos por delitos de lesa humanidad, que conlleva décadas de tardanza del Estado en su responsabilidad por investigar y condenar a los responsables, por ahora no ofrece garantías reales de un nuevo juicio a los represores de la CNU en La Plata, por defecciones varias de la justicia o por la incierta supervivencia de los imputados, donde difícilmente habrá prueba nueva a analizar, y sobre todo cuando se soslaya que la justicia que llega tarde y fragmentada no es justicia.


LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL 10 DE JULIO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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viernes, 23 de junio de 2017

SEXTA audiencia del proceso a dos represores de la CNU La Plata

UN JUICIO DEMASIADO PEQUEÑO

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares tres testigos relataron la historia de dos de los jefes de la banda en La Plata y una decena de crímenes que aún siguen sin respuesta.

Por HIJOS La Plata
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Al comienzo de la sexta audiencia Mariana Rave, hermana del militante de la UES Ricardo Arturo “Patulo” Rave, asesinado por una banda mixta de la CNU-Policía-Ejército en diciembre de 1975, habló por teleconferencia desde Dublín, la capital irlandesa. Mariana dijo que es la primera vez que declara por su hermano y por los hechos ocurridos cuando ella tenía 13 años. Contó que la familia vivía en una casa de calle 8 42 y 43 y eran 9 hermanos. La noche del 23 de diciembre del ’75 “Patulo”, que tenía 18 años y llevaba 3 meses viviendo en casas de compañeros, fue a cenar con los padres por la navidad y contó que se estaba por casar e irse a vivir con su compañera. Cuando se fueron a dormir llegó un operativo conjunto que ingresó violentamente a la casa. Después de apartar por un lado a la madre y las hermanas en un cuarto, y por toro a los hermanos menores en un patio, pudo escuchar que su padre y “Patulo” eran interrogados en el living. Los represores actuaban con armas largas que apuntaban todo el tiempo mientras rompían y robaban. Entonces escuchó que en un momento dijeron “A este lo llevamos” y salieron con “Patulo” secuestrado. La confirmación de que se trataba de un operativo conjunto la tuvieron por dos fuentes distintas: los vecinos dijeron que afuera había habido un despliegue de móviles oficiales de agentes armados cortando la calle, y dos tíos militares, Bernardo y Wilfredo Rave, pudieron averiguar desde dentro que no se trataba sólo del Ejército, sino de la Policía y la CNU. Mientras la familia movía los primeros contactos, “Patulo” apareció torturado, asesinado y colgado en el “Puente de Fierro” de calle 90 y 31, a la salida de La Plata. Además, la testigo refirió hechos de amedrentamiento previos al asesinato de su hermano. En agosto del ’75 su hermano Miguel, siendo aún un joven estudiante de 11 años, fue secuestrado mientras iba al colegio, maniatado y amedrentado por 38 horas. En septiembre y octubre del mismo año  le colocaron dos artefactos explosivos en la puerta de la casa familiar, el primero desactivado por un policía amigo de la familia y el segundo que explotó causando graves daños materiales. Mariana refirió que “el comentario general es que eran la CNU y la Policía bonaerense”.  
La familia Rave fue especialmente golpeada por la represión, y el asesinato de “Patulo” fue un duro golpe a toda la militancia secundaria peronista en La Plata. “Fue el símbolo de que ya no respetaban nada, ni a los adolescente”, concluyó Mariana y agregó que “nos sacaron muchas cosas de nuestras vidas, empezando por Patulo”. Sus hermanos Gustavo y Carlos Rave, todos militantes del peronismo revolucionario, fueron asesinados por la dictadura en julio y agosto de 1976.


El siguiente testimonio fue el de Susana Ure, esposa del militante revolucionario platense Víctor Hugo Kein, asesinado por un grupo conjunto de la CNU Mar Del Plata y La Plata en junio de 1975 tras sufrir cárcel y persecuciones. Ure rememoró la militancia de su marido como estudiante de Arquitectura de la UNLP, donde ayudó a fundar la FURN en el año ‘66 y ya en el año ‘71 militando en las FAR es detenido. Pasó un estricto régimen como preso en el buque-cárcel “Granaderos”, Devoto y Rawson, y fue liberado con la amnistía del 25 de mayo de 1973 dictada por el presidente Héctor Cámpora. Tras ello, Kein se fue a vivir a Mar Del Plata por razones de seguridad, pero la ciudad balnearia la CNU también desplegaría el terror.
En marzo del ’75 fue asesinado en un atentado el jefe de la CNU Mar Del Plata, Ernesto Piantoni, abogado de estrecha relación con la Juventud Sindical Peronista marplatense que conducía por entonces Hugo Moyano. Al velorio concurrió un grupo de la banda platense de Castillo que juró venganza y realizó una lista para practicar una serie asesinatos en lo que denominaron “5x1”. El resultado fueron los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, Jorge Videla y sus dos hijos, y del médico Bernardo Goldemberg. Por esos hechos, junto al asesinato de la secretaria general de la Universidad Católica marplatense María del Carmen Maggi, fueron condenados en diciembre pasado siete integrantes de la CNU Mar Del Plata. Ure sumó otros hechos previos al asesinato del “Flaco” Kein: el asalto de la casa del padre de Mirta Clara, compañera de militancia de Kein y esposa de Néstor Salas. Los CNU preguntaron por Kein y Salas, militante y compañero de estudios de Kein en Arquitectura de La Plata, pero no encontraron a nadie. Al día siguiente fue allanada la casa de los padres de Salas en Berazategui, hecho del que participó el integrante de la CNU Jacek Piechocki, apodado “El Alemán” y refugiado hasta hoy en la colectividad polaca de Berisso. Salas fue detenido y posteriormente asesinado en la denominada “Masacre de Margarita Belén” en Chaco en diciembre de 1976.
Con tono pausado y calmo, pero contundente, Ure detalló el secuestro de su marido, quien se había quedado la noche del 12 de junio del ’75 terminando un trabajo en el estudio de arquitectura que compartía con otros colegas. Lo acompañaba Jorge Del Arco, un estudiante de 17 años oriundo de Pehuajó. Al otro día Susana supo que su esposo había ido a trabajar, y cuando va al estudio encontró todo dado vuelta, rastros de sangre y las paredes empapeladas con la revista “Descamisados”, un ardid de la CNU para adjudicarle el hecho a Montoneros. Tras realizar varias averiguaciones en los diarios de Mar Del Plata publicaron la aparición de 2 cadáveres NN, que por la descripción física supo que eran su marido y Del Arco. Ambos tenían signos de tortura, los ojos vendados, las manos atadas y decenas de disparos en todo el cuerpo. Por el hecho se abrieron dos causas en la época, una por homicidio y otra por secuestro, pero ambas fueron cajoneadas tras caer en manos del fiscal Gustavo Demarchi, jefe de la CNU tras la muerte de Piantoni.
En los tramos más importantes del testimonio, Susana Ure realizó una radiografía de la CNU, tanto de La Plata como de Mar Del Plata, desde sus orígenes en algunos integrantes del grupo nacionalista Tacuara, como Félix Navazzo y Néstor Beroch, pasando por las conexiones generadas por Demarchi cuando era estudiante de derecho en La Plata, hasta el germen ideológico del grupo que fueron las cátedras del Instituto Cultura Clásica “Cardenal Cisneros” que realizaba el teólogo Carlos Di Sandro. Sobre este personaje Ure afirmó que “concebía a la universidad como un lugar estratégico donde combatir al enemigo que, según ellos había corrompido la mente de los jóvenes desde la Reforma de 1918, y producto del efecto de la revolución Rusa de 1917. En el Concepto de ‘Sinarquía’, es decir un gobierno mundial oculto de fuerzas contrarias a los intereses nacionales, y manejado por una extraña conjunción del capitalismo, el comunismo y el sionismo, sintetizaba y articulaba a todos los enemigos a aniquilar”. Según Ure así legitimaban su accionar con un “plan sistemático de exterminio en una etapa de castigo ejemplar, para sembrar el terror y mostrar a toda la sociedad lo que le puede pasar a todo aquel que tenga una militancia política”. Por eso, remarcó la testigo, “cometieron cientos de crímenes en el país, más de 60 asesinatos en La Plata con la misma modalidad: con zonas liberadas, desplazamiento impune para secuestrar, con tres vehículos operativos (dos de contención y uno que efectuaba el secuestro), las salvajes torturas y fusilamientos a la luz pública, el uso de credenciales falsas y ropa de fajina de las fuerzas policiales y militares, los robos y los asesinatos con decenas de disparos. Todo este accionar era imposible de realizar si no se contaba con apoyo estatal”. Con total claridad la testigo continuó: “El apoyo estatal consistía en no investigar de parte de la justicia, silenciar o tergiversar los hechos de parte de los grandes medios de comunicación, la liberación de zonas y la coordinación precisa de los secuestros de parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas que dejaron hacer y sabían todo lo que sucedía a través de sus servicios de inteligencia”.


A mayor abundamiento, Ure relató que es prima hermana de quien ocupó la jefatura Nacional de la CNU, Patricio Fernández Rivero. Y destacó un hecho que marcó al jerarca y lo sacó de circulación: un accidente en auto ocurrido en el barrio porteño de Palermo el 20 de junio del ’74 donde perdió un brazo y dejó expuesto el traslado de armas de grueso calibre. Según Ure “en el grupo también estaba el ‘Pipi’ Pomares, la esposa de Patricio, que es la sobrina de Di Sandro, y venían de festejar la Masacre de Ezeiza en su primer aniversario, y que había sido el estreno de todos estos pequeños grupos de ultraderecha para custodiar el palco donde iba a hablar el General Perón. El auto dio varios vuelcos y salieron armas y granadas. Pomares quedó herido y luego desapareció de donde estaba internado. Patricio sufrió la  amputación del brazo izquierdo y perdió la jefatura de la CNU, que pasó a manos de Piantoni”.
Apuntó además que Fernadez Rivero estuvo detenido en 2013 en la causa CNU de Mar Del Plata, pero recibió la detención domiciliaria, fue declarado incapaz y excarcelado, con especial gestión realizada por el ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota, que le ofreció asilo hasta hoy en esa provincia.


El testimonio final estuvo a cargo de Marcelo Ponce, primo de otro referente de la CNU platense, Gastón Ponce Varela, cuyo asesinato en julio de 1975 le dio la excusa a la banda de Castillo para practicar la venganza desatada contra los militantes de izquierda. Marcelo no dudó en definir a su primo como “un matón” que “andaba permanentemente armado con un 38”. Relató que la familia vivía en dos edificios sobre calle 46 entre 13 y 14 de La Plata, propiedad del abuelo en común. Con Gastón comenzó a tener confianza cuando iban a la cancha a ver a Estudiantes de La Plata y le relataba sus “anécdotas de cómo participaban rompiendo huelgas entre el ’71 y el ’74. También decía que había ido a Córdoba, a participar del derrocamiento del gobernador Obregón Cano, y a Mar Del Plata a hacer otras tareas. Decía que iban en avión y les pagaban todo. Gastón cobraba en el Hipódromo y en IOMA sin trabajar. Tenían electrodomésticos robados que eran ‘botín de guerra’. Cuando fue asesinado el dirigente Rodolfo Achem, me dijo que había pasado por el velorio en casa Betti, a una cuadra de nuestra casa, y había sacado la mano por la ventanilla mostrando el anillo de Achem”. Además contó que Gastón era íntimo amigo del “Indio” Castillo desde muy jóvenes, y que compartían un lugar en la barra brava de Estudiantes. Según el testigo “Gastón decía que tenía muchas muertes, pero que más tenía Castillo, más de 100”. Además afirmó que en los fondos de la casa familiar, donde hoy está el colegio Del Centenario, los CNU tenían un lugar donde practicaban tiro: “se juntaban ahí sobre todo desde el ’73. Cortaron un nogal a los tiros. Disparaban y cantaban la marcha peronista”.
Marcelo contó que un domingo cuando estaba en su casa con un compañero estudiante de arquitectura escuchó tiros, se asomaron por los techos a la calle y vio un patrullero y el auto de su primo. Ponce Varela había sido asesinado en un atentado cuando volvía del hospital con su mujer y su hija. “Al rato llegó un Falcon naranja. Bajó el ‘Indio’ con una Itaka, la cargó, y cuando un oficial policial del operativo lo quiso frenar se lo sacó de encima y entró a la casa de Gastón. Evidentemente la Policía no le podía hacer nada. A las dos horas del hecho los CNU volvieron a la casa y vaciaron el arsenal que había en el lugar”.
El episodio, ocurrido a comienzos de julio de 1975, fue la excusa perfecta para que la banda de Castillo desplegara su brutalidad desatada. El 7 y el 8 de julio de 1975, asesinaron a 6 estudiantes como represalia por la muerte: Mario Cédola, acribillado en Plaza Moreno; Pablo del Rivero, Gustavo Rivas, Guillermo Codino, todos militantes de la JUP fusilados en la calle en Tolosa; así como Norberto Juan Orlando y Roberto Antonio Rocamora, militantes del Grupo Universitario Socialista (GUS-OCPO) acribillados la madrugada siguiente, luego de que la patota irrumpiera en la casa donde vivían cerca de Berisso. En una agonía de 3 días Cédola pudo mencionar que les dispararon con ametralladoras desde la caja de una camioneta encapotada y que 2 delos atacantes eran  “El Indio” y Eduardo “El Oso” Fromigué. La venganza fue anunciada en las calles de La Plata con pintadas que decían “Once por Ponce”.
Cada vez más, el juicio a dos represores de la CNU La Plata va quedando chico ante la magnitud de los crímenes que la banda de la derecha peronista cometió en nuestra ciudad entre 1973 y 1976. La ampliación de la acusación sobre Castillo y Pomares es una necesidad que haría en parte justicia. Pero quedan otras familias de víctimas sin respuesta, y otros verdugos aún impunes.

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domingo, 11 de junio de 2017

QUINTA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

RELATOS DE CRÍMENES IMPUNES

En otra jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares cuatro testigos dieron detalles de tres hechos que recorren las tropelías de las bandas de la derecha peronista: los homicidios de 8 militantes del PST en la denominada “Masacre de La Plata”, los asesinatos de los dirigentes de la UNLP Carlos Miguel y Rodolfo Achem y uno de los últimos operativos realizados por la banda antes de ser detenida.

Por HIJOS La Plata

El primer testigo fue Juan Carlos Arias, ex militante de la Juventud Peronista que sufrió 6 meses de detención ilegal en dictadura como detenido-desaparecido en la sede de Infantería/Caballería de la Policía Bonaerense en calles 1 y 60 de La Plata. Arias aportó un dato central sobre la continuidad de la actuación de la CNU en plena dictadura, su propio secuestro, que fue además uno de los últimos hechos protagonizados por la banda de Castillo. Contó que entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo de 1976 su casa de calles 55 entre 25 y 26 fue asaltada por un  grupo de 12 o 13 personas en 3 autos. Él había vuelto de una reunión política y vivía con su mujer y su hija en un departamento  al fondo de la casa de sus padres. El grupo armado se presentó como policía y golpeaba violentamente la puerta de la casa, ante lo cual su padre, que era retirado de la fuerza, quiso abrirles y salir. Él lo paró y primero dio una ojeada por la mirilla de la ventana. Allí reconoció a algunos personajes que sabía integrantes de la CNU en la ciudad: Castillo, Pomares, “El Misto” Gustavo Fernández Supera, Dardo Omar Quinteros, David Massota y el hermano del “Indio”, Héctor Castillo. Su padre llamó a la policía, que acudió en poco tiempo y se dispuso a desarmar a la banda. Ellos vieron por la ventana que no querían entregar las armas y mostraban credenciales. En ese momento llega el Ejército con camiones y camionetas y una vez apostados el encargado el Ejército llama a Castillo y hablan aparte. Entonces el del Ejército se dirige a Arias, le pregunta nombre y apellido, y le dicen su apodo “Vaca", y que queda detenido. A Arias lo subieron solo en una camioneta con personal del Ejército y a la banda en dos o tres camionetas militares aparte. Los llevan a todos hasta la Comisaría 5ta, y cuando va a bajar porque ve que todo el mundo baja, le dicen: "No, vos seguís de largo". Entonces lo tabican y lo llevan a Infantería.  
Aportando otro ejemplo de la connivencia del diario platense “El Día” con la represión ilegal, Arias aportó al tribunal copias de las notas aparecidas en el matutino los días 2 y 6 de mayo del ’76, donde se consignaba el operativo que realizó el Ejército y la detención de 14 integrantes de la CNU: Castillo, Pomares, Martín Sánchez, Ricardo Calvo, Gustavo Fernández Supera, Alfredo Lozano (policía), Dardo Quinteros, Antonio de Jesús, David Massota, Marcelo López, Roberto Storni (policía), Vicente Álvarez (policía), Antonio de Jesús, Rubén Pacenza (reducidor de autos), Carlos Giacobone (electricista y apoyo de la banda) y la familia del “Indio” Castillo. A algunos los detuvieron en la casa de Arias y a otros en operativos posteriores. “El Día” publicó parte de una conferencia de prensa del Coronel Roque Carlos Presti, titular del Regimiento 7 entre fines del ’75 y oct del ’77 que murió impune antes de la reapertura de estas causas. Pero resulta que nada se mencionaba en el decano de la prensa platense sobre la detención y desaparición del propio Arias, ni sobre el intento de violación de su domicilio. Quedaba en evidencia que, para abril o mayo del ’76, la soltada de mano a los represores de la CNU implicaba asumir plenamente la ejecución del plan de represión a las fuerzas armadas.
Arias contó que cuando estuvo detenido en 1 y 60 compartió cautiverio con Omar Ghiaccio, trabajador del hipódromo que le contó que en la sede del PJ todos sabían que al dirigente Domínguez, opositor en el hipódromo, lo andaban buscando los de la CNU para matarlo. Entonces le habían armado un lugar para que se quedara en el partido, pero el mismo día que se fue a la casa lo secuestraron y asesinaron. Ese homicidio es uno de los 4 que se les imputa a Castillo y Pomares en este juicio.
Por último, como muchos otros testigos afirmaron en el debate, Arias afirmó que volvió a ver a Pomares en la Municipalidad, porque el represor trabajó para la gestión del intendente Julio Alak, y en el caso de Arias fue concejal.


El segundo testimonio estuvo a cargo de Manuel Martínez, periodista y ex militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y compañero de los 8 militantes del partido asesinados en la denominada “Masacre de La Plata”, cometida por las bandas de la derecha peronista el 4 y 5 de septiembre de 1975 y que por defección de la justicia no forma parte de este juicio.
Martínez relató tres hechos previos a la masacre que dan cuenta de los ataques que sufrió el partido en distintos frentes de lucha. En principio recordó el ataque que la CNU realizó el 26 de noviembre de 1973 a las elecciones de centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de La Plata, donde un grupo ingresó a los tiros al patio de la institución con el mismo modus operandi con que habían asesinado a Silvia Filler en la Facultad de Arquitectura de Mar Del Plata en diciembre del ’71. Ante ello, las agrupaciones estudiantiles de izquierda, el FAUDI y la JUP realizaron una asamblea que definió la toma del edificio por una semana y la expulsión de la CNU de la facultad. Varios ex estudiantes testigos de aquel ataque recuerdan que los CNU habían hecho pintadas en la facultad que decían “Ojo Bolches, CNU vigila” y otra en latín que rezaba “La universidad marxista está destruida”. Ese hecho de expulsión de Arquitectura de los CNU, que eran minoría en las facultades, y otro similar ocurrido en Humanidades, dejó expuestos a varios militantes referentes en esa lucha, como Adriana Zaldúa, integrante por la primera minoría del centro de estudiantes y dirigente de la Juventud Socialista del PST. Según Martínez, “Adriana quedó marcada como una dirigente importante del movimiento estudiantil”. Agregó que la posterior intervención de la UNLP fue sostenida por la CNU como organización y que “entraron para hacer un ajuste cuentas y transformar la universidad en un campo de concentración”.
Además, el testigo rememoró la voladura del local del PST ubicado en diagonal 77 esquina 3 de La Plata, que fue atacado con explosivos y quedó inutilizado. El hecho ocurrió en 1975, antes del asesinato de los militantes del partido. El tercer hecho que destacó fue la declaración de “persona no grata” de parte de la CGT La Plata al militante sindical Hugo Frigerio, que era referente de los estatales en el Ministerio de Obras Públicas -donde también trabajaba Adriana Zaldúa- y militante del PST. Frigerio había participado de la formación de las Coordinadoras Interfabriles de base que enfrentaron el plan económico del ministro de economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo. La conducción de la CGT local la ejercía el burócrata Rubén Diéguez, a la sazón secretario general de la UOM La Plata y de estrecha relación con el Gobernador Victorio Calabró, también ex dirigente de la burocracia sindical de Lorenzo Miguel en el gremio metalúrgico.
Sobre los hechos de la “Masacre de La Plata”, Martínez señaló que la noche del 4 de setiembre de 1975 cinco militantes del PST viajaban en auto a llevar una colecta solidaria con la huelga que se desarrollaba en la fábrica de Petroquímica Sudamericana (hoy Mafissa), cuando fueron secuestrados por un comando de las bandas de la derecha peronista.  Roberto “Laucha” Loscertales, obrero del Astillero Río Santiago, Adriana Zaldúa y Héctor Frigerio, trabajadora y delegado del Ministerio de Obras Públicas, Ana María Guzner Lorenzo, no-docente de la UNLP y la joven militante Lidia Agostini se dirigían hacia la localidad de Olmos para entregar el dinero recaudado en la universidad para el fondo de huelga. Pero nunca llegaron. Sus cuerpos acribillados aparecieron a la mañana del día siguiente en el paraje de La balandra, cerca de Punta Lara. Martínez recordó que desde el partido se organizó inmediatamente una campaña para denunciar el crimen, y él personalmente organizó los grupos de compañeros que debían volantear en ministerios y facultades. Pero del primer grupo que salió el 5 de septiembre del local de 8 y 54, pleno centro de La Plata, fueron secuestrados otros tres militantes: Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie. Un grupo provisto con armas largas que se movía con total impunidad en autos particulares los secuestró y horas después sus cuerpos aparecieron salvajemente asesinados en un descampado en las afueras de la ciudad.
El testigo recordó que junto a la hermana de Zaldúa y el apoderado del partido fueron a la casa de gobierno de la provincia a pedir una reunión con el gobernador Calabró o algún funcionario, pero no fueron recibidos: “la ciudad estaba en las manos de estas bandas que actuaron, por lo menos esos dos días, sin ningún problema. La opinión generalizada en La Plata era que actuaban en conjunto la CNU y las fuerzas de seguridad”, concluyó.
La causa por la “Masacre de La Plata” sigue en etapa de instrucción en el fuero federal con la sigla FLP 1400020/2011, y a más de 40 años de los hechos la justicia aún no ha completado la toma de declaración a los principales testigos de aquellos hechos.


A continuación Juan Rodrigo Miguel, hijo del dirigente de la Universidad de La Plata asesinado por la CNU Carlos Miguel, realizó una semblanza de la militancia de su padre que pudieron reconstruir con esfuerzo junto con su hermano.
Miguel fue estudiante de la facultad de Veterinaria de la UNLP y fundador en el ’66 de la Federación Universitaria para la Revolución Nacional (FURN), agrupación peronista donde desarrolló una militancia que luego derivó en la constitución de la denominada “Tendencia Revolucionaria” que aglutinó en los ’70 a todas las expresiones de la izquierda peronista. En Veterinaria Miguel desarrolló su carrera docente, llegó a ser secretario Académico de la facultad y luego fue nombrado Director del Departamento Central de Planificación de la UNLP. Desde 1973 fue parte del desarrollo y la implementación de lo que se denominó “Bases para la Nueva Universidad”, un impulso democratizador del ámbito académico que pregonaba la inclusión de los trabajadores organizados en la toma de decisiones de la institución.
Juan Rodrigo relató que con la llegada del gobierno de Calabró, en enero de 1974, comenzaron las tensiones entre las diversas facciones del peronismo en la universidad y se incrementaron los hostigamientos y amenazas a los integrantes de la “Tendencia”.  En ese contexto en varias asambleas la CNU amenazó directamente a su padre y a Rodolfo “Turco” Achem, Secretario de Supervisión Administrativa de la UNLP, militante Montonero y directivo de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP). Ambos dirigentes debieron vivir cambiando constantemente de domicilio y refugiándose en el gremio. El 8 de octubre de 1974, mientras iban en un auto desde la sede de ATULP (calle 44 9 y 10) a una reunión con dirigentes de la FUBA, fueron secuestrados y trasladados en autos sin patente por la ruta hacia Capital Federal. Sobre el Acceso Sudoeste, a la altura del arroyo de Villa Domínico, en Avellaneda, ambos militantes fueron asesinados y sus cuerpos arrojados a un descampado con varios impactos por la espalda y las manos atadas.
El 21 de noviembre de 1974 fue designado interventor de la UNLP Pedro Arrighi, un peronista ortodoxo que había sido gobernador de facto de Catamarca en los ’40 y venía de realizar la intervención en la Universidad provincial de Mar Del Plata entre marzo y abril del ’74. La Intervención, con el rector Francisco Camperchioli Masciotra a la cabeza desplazó de sus cargos a varios profesores identificados como "izquierdistas”,  cerró todos los centros de estudiantes a los que Arrighi consideraba “reductos de la subversión y la guerrilla" y paralizó la actividad académica por un año. El hijo de Miguel afirmó que el interventor designó a gente propia en la gestión tanto en La Plata como en Mar Del Plata: tal el caso de Eduardo Cincotta, miembro de la CNU y de los grupos de tareas del GADA 601 de Mar Del Plata, que murió impune en 2009 procesado en la causa por el CCD “La Cueva” de esa ciudad.
Esta tarea se realizó por orden de la gestión a nivel nacional del ministro de Educación de Isabel Martínez, Oscar Ivanissevich, que entre los meses de agosto del ’74 y ’75 se propuso “eliminar el desorden” en la Universidad y producir su depuración ideológica, tal como rezaba el “Documento Reservado” del Consejo Superior del PJ de octubre de 1973, que ordenaba “combatir a los infiltrados marxistas en todos los frentes y por todos los medios”. No es un dato menor que Arrighi reemplazó a Ivanissevich como ministro de Educación de la Nación.
Por último, el hijo de Miguel afirmó que cuando la UNLP le entregó el legajo de su padre encontró un documento de aquellos años donde el jefe de Asesoría Legal de la universidad recomendaba una investigación administrativa de los asesinatos de los dirigentes, pero la intervención de Arrighi decidió cerrar expediente.
Los asesinatos de Achem y Miguel, símbolo del ataque de la CNU a dirigentes y militantes en la UNLP, tampoco forma parte de este juicio, que con el correr de los testimonios va mostrando su carácter parcial y fragmentario.


El último testimonio fue el de Raquel “La China” Barreto, ex integrante de la dirección de ATULP, que amplió lo referido por Miguel hijo respecto a los ataques que sufrió el gremio y sus dirigentes en la gestión Arrighi/Ivanissevich, en particular la toma por asalto de la sede del sindicato en marzo de 1975 de parte de un grupo combinado de la CNU y la Policía bonaerense.
Antropóloga y ex jefa del personal no docente en la Facultad de Ingeniería de la UNLP, Barreto relató que tuvo una intensa actividad gremial en la universidad entre el ’71 y el ‘73, desarrollando bolsas de trabajo, tareas para mejorar el escalafón no docente y trabajos sociales varios con las distintas facultades. Dijo que desde muy jóvenes conoció a los integrantes del grupo nacionalista Tacuara, que cursaban en las escuelas católicas de la ciudad y eran conocidos en la vida social de la juventud platense, y que luego se integraron a la banda de Castillo y se distinguían por cantar “C-N-U, Bolches a Moscú”. Entre ellos mencionó a Eduardo “El Lobo” Urraza, Gastón Ponce Varela, Carlos “El Tano” Chiarizzia, Emilio Centeno Quiroga, Héctor “El Sordo” Arana, muchos de los cuales eran vecinos suyos de la infancia.
Relató que desde al año ’73 los hostigamientos y disolución de asambleas de parte de estos grupos eran habituales, ostentando armas y amenazando, lo que demostraba que tenían un poder político concreto, y ya desde el gobierno de Calabró afirmó que “eran mano de obra represiva junto a la policía bonaerense”.
La testigo recordó el ataque a la Facultad de Arquitectura, que también relató el testigo Martínez en la audiencia, y sumó otros episodios similares en asambleas en Física e Ingeniería y un hecho crucial ocurrido en el patio de Rectorado de la UNLP: durante una asamblea 3 integrantes de la CNU amenazaron de muerte a Achem: “Nuestras asambleas eran muy numerosas y ocupábamos los dos patios. El acto lo transmitía Radio Universidad, y en un momento entraron con sobretodo “El Misto” Fernández Supera, Pomares y “El Chino” Causa y subieron las escaleras gritando. Achem estaba hablando al micrófono y lo interrumpieron. Le gritaron: ‘¡Turco traidor, te va a pasar lo mismo que a Vandor!’. Estaban tan cerca del micrófono que el grito salió por los parlantes. Cuando algunos compañeros los trataron de seguir, les mostraron armas, bajaron por las escaleras y se fueron con total impunidad. A los 3 o 4 días asesinan a Achem y Miguel”.
Barreto afirmó que los compañeros le habían pedido al “Turco” que se fuera del país, y que hasta habían pasado el tema por asamblea en el gremio, pero no quiso abandonar la lucha. Luego del crimen de Achem y Miguel fueron desde el gremio a reconocer los cuerpos en una comisaría de Sarandí, y pudieron recoger testimonios de vecinos de La Plata que indicaron que habían sido secuestrados en autos Falcon en un operativo de “pinza”. También pudieron reconstruir que en el operativo habían participado Castillo, Pomares, Ponce Varela, Urraza, Arana, “El Misto” Fernández Supera, “Richard” Calvo, “El Boxer” Lozano y “Tony” De Jesús, entre otros. Supieron también que Ponce Varela, un barra brava de Estudiantes de La Plata que había participado de la masacre de Ezeiza y del golpe de Estado contra el gobernador Obregón Cano en Córdoba, se jactaba entre los suyos de tener como souvenir el anillo de Achem.
Además Barreto relató con lujo de detalles al asalto que sufrió la sede de ATULP de parte de la CNU para consumar la intervención de gremio, acérrimo opositor de Calabró e Ivanissevich que en septiembre de 1974 fue desafiliado por la burocracia de la CGT local. Recordó que “cortaron toda la manzana con las ‘chanchas’ de la policía bonaerense, con Falcons y Torinos sin patente y gente de civil. Destrozaron el sindicato: tiraron las bibliotecas, levantaron los pisos de madera buscando armas, arrancaron los inodoros y las bachas. Yo nunca había visto algo igual. Yo quise entrar a mi despacho a buscar mis cosas y “El Tano” Chiarizzia me amenazó con un arma por la espalda. Yo entré igual y cuando pasé por la puerta me gatilló”. Agregó que en el operativo estuvieron presentes la mayoría de los integrantes de la CNU, incluidos Pomares y Castillo, así como Héctor Darío Alessandro y Centeno Quiroga, jefe de seguridad de la banda, delegado del ministerio de Trabajo en La Plata y a partir de entonces interventor de ATULP.
Las consecuencias de la intervención fueron funestas: más de 400 trabajadores no docentes echados de la UNLP, decenas de exiliados, y el secretario general del gremio, Ernesto “Semilla” Ramírez, fue desaparecido en su casa de La Plata el 1 de abril de 1977.
Los crímenes de la CNU en La Plata son muchos más que los que tiene en cuenta en este juicio y están impregnados en la memoria social de la militancia platense de los ’70. La justicia ha decidido la impunidad de la mayoría de los asesinos de la banda y sin embargo pretende de los sobrevivientes la recordación de muchos crímenes impunes.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 19 DE JUNIO A LAS 10HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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sábado, 3 de junio de 2017

El represor Ricardo Von Kyaw fue apartado de 4 causas de lesa humanidad

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En una nueva decisión que favorece a genocidas de la última dictadura por la tardanza de la justicia, el Juzgado Federal 1 de La Plata apartó al represor del Destacamento de Inteligencia 101, Ricardo Luis Von Kyaw,  por “incapacidad sobreviniente” ya que padece cáncer terminal. El genocida eludió un juicio oral en 2014 por estar prófugo y anduvo por Paraguay, Uruguay,  Brasil y Panamá. Se dedicó a negocios de seguridad privada y tras ser capturado recibió la domiciliaria. Estaba procesado en las causas por los CCD “La Cacha”, los “Pozos” de Banfield y Quilmes y la Brigada de San Justo.

Por HIJOS La Plata
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A fines de mayo el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 1 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, informó que suspendió el trámite del proceso penal sobre el ex teniente del Destacamento 101 de Ejército Ricardo Luis Von Kyaw, de 68 años, y decretó su inmediata libertad por su “incapacidad sobreviniente” derivada de un cáncer cerebral terminal, según un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema (CMF) fechado el 15 de marzo pasado.

APTITUDES ESPECIALES
El Teniente Primero del Ejército Ricardo Luis Von Kyaw cumplió tareas como Oficial en la Sección Central Reunión de información del Destacamento de Inteligencia 101 entre el 15 de diciembre de 1976 y el 7 de julio de 1978, fecha en la que se dispuso su pase a retiro. Alumno ejemplar, en el ’76 realizó el curso de “Técnico de Inteligencia” en la sede de la Escuela de inteligencia del Comando de Institutos Militares del Ejército Argentino, y aprobó con concepto “Sobresaliente”. En su legajo personal se le reconoce la especialidad “AEI” (Aptitud Especial de Inteligencia), lo que da cuenta de su específica preparación para llevar a cabo las tareas represivas para la Jefatura II de Inteligencia y el Comando de Brigada de Infantería X de La Plata, ambos de la subzona operativa Nº11 en el esquema del terrorismo de Estado.
El accionar del Destacamento 101, ubicado en calle 55 entre 7 y 8 -pleno centro de La Plata, comprendía tanto a los asuntos vinculados con la “línea de comando ordinaria” (Comisarías, Unidad Regional, dependencias del Ejército, Plan Cóndor, etc.), como en los que tenían que ver con la “línea de comando Jefatura” (por ejemplo, Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Por ello, y más allá del rol central en operativos represivos vinculados exclusivamente a “La Cacha”, varios de los integrantes del plantel del 101 están procesados en las causas de los CCD de las Brigadas de Investigaciones de La Bonaerense de Camps (Quilmes, Banfield y San Justo). Quizás por ello, consciente de su responsabilidad en centenares de secuestros, torturas y desapariciones, el ex teniente demostró su especial aptitud para profugarse de la justicia cuando lo llamaron a dar explicaciones de su pasado.

FUGA Y NEGOCIOS
La detención de Von Kyaw fue ordenada el 16 de febrero de 2010, y al determinarse que estaba prófugo se le dictó orden de captura internacional. Hay varios detalles sobre la fuga del represor que dan cuenta de cómo trabaja la justicia federal argentina. El represor se fugó en febrero de 2010, al conocerse su procesamiento en causa “La Cacha”. Al parecer fue avisado por teléfono por otro de los militares apresados en ese expediente, que estaba detenido pero no incomunicado, y que su todos los nombres de los requeridos en la causa porque estaban en la orden de detención que la policía exhibió ante cada imputado. Para colmo, cuando llegan con la orden a buscar a Von Kyaw, tenían consignado el numeral del edificio  pero no el departamento, con lo cual se debió una nueva medida y se perdieron horas fundamentales para la huida del genocida a Paraguay, destino de fuga elegido en los ’80 y ’90 por connotados otros represores como Samuel Miara y Omar Alonso, apropiadores de hijos de desaparecidos que pasaron por La Cacha.
Cuando fue finalmente detenido en un hotel de la capital de Panamá en 2014 llevaba un pasaporte falso a nombre de un ciudadano alemán de nombre de pila “Jürgen”, nacionalizado paraguayo. Indagado por autoridades panameñas el represor admitió que lo había "comprado" en Paraguay. Entonces se decidió realizar el "fichaje”: enviaron sus huellas digitales a Alemania y a Paraguay para constatar los dos orígenes que indicaba el pasaporte. Las huellas también fueron enviadas a Interpol y así surgió que tenía pedido de captura internacional ordenada por la justicia federal platense. Expulsado a Argentina fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza. Cerraba un periplo de prófugo que lo había llevado por Paraguay, Uruguay y Brasil. En un inicio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que compartió luego la búsqueda con la Policía Federal, logró ubicar a Von Kyaw en Paraguay. También, determinó que salía de ese país a localidades del sur de Brasil para realizarse atenciones frente a un problema de salud y que en varias ocasiones pudo trasladarse por tiempos prolongados a la República de Uruguay a atender negocios. Un informe de la Unidad de Información Financiera indicó que al momento de fugarse Von Kyaw era el gerente de la empresa de seguridad privada “Consultora Videco S.A.”, director de “Argenpolo S.A.” e integrante de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). Allí figura que tuvo acreditaciones anuales en cuentas bancarias a su nombre y en otras en las que figuraba como titular junto a otras personas por más de 38 millones de pesos en 2008, por casi 41 millones y medio en 2009 y por casi 14 millones en 2010, hasta que se fugó. Con la resolución sobre su “incapacidad sobreviniente” queda también en suspenso esta investigación sobre cómo hizo para financiar su huida y sostenerse económicamente, realizando viajes, consultas y atenciones médicas y alojamiento de primer nivel, lo que empezaba a entrever una potencial red de financiamiento de represores prófugos.

DEFECCIONES
Tras la captura el juez Manuel Blanco procesó al represor con prisión preventiva el 18 de julio de 2014 como coautor mediato de 153 casos de secuestros y torturas de víctimas que permanecieron privadas ilegalmente de la libertad en  el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. Además se lo puso a disposición y se le tomó indagatoria en las causas por los CCD Pozo de Quilmes (Nº 605), Pozo de Banfield (Nº737) y Brigada de San Justo (Nº 373).
En ese mismo momento, y 21 meses después de haber sido elevada a juicio, la causa por los crímenes cometidos en “La Cacha” tuvo debate oral en el TOF 1 de La Plata entre diciembre de 2013 y octubre de 2014. Allí se condenó a 17 represores por hechos específicos del CCD y a otros dos por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearze. Von Kyaw eludió el juicio porque se profugó y recién fue detenido con el debate en marcha.
En verdad desde 1983 la justicia disponía de de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor), donde se aportaban un croquis y una descripción de las instalaciones, su distribución interna, una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Según el Trabajado de Recopilación de Datos de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por “La Cacha” pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el  destino, y hubo al menos 9 niños nacidos en cautiverio apropiados desde el hospital lindante al predio del CCD.
Pese a haber eludido el juicio “La Cacha”, la investigación sobre Von Kyaw parecía encaminada, ya que en abril de 2015 su procesamiento fue parcialmente confirmado por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pero pronto comenzaron las defecciones de la justicia penal platense. En enero de 2016 el juez Laureano Durán, por entonces subrogando la titularidad del Juzgado Nº1, le concedió el arresto domiciliario, sin oposición de los fiscales, en la casa del hijo del represor, Kurt Von Kyaw, en calle Pacheco de Melo Nº 1967 Planta Baja "B", en la Ciudad Autónoma de Buenos Aire. Eso sí, Durán ordenó custodia de Gendarmería y monitoreo electrónico de parte del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Durán actuó amparándose en que el reo presentaba “diagnóstico de melanoma (inicialmente estadio IIb) con recidiva local axilar y probable diseminación a nivel pulmonar y suprarrenal, tratándose de una patología neoplástica, irreversible y en aparente progresión”. Un mes más tarde el juez Kreplak, ya como titular del  Juzgado Nº3 hizo extensivo el beneficio al resto de las causas que lo tenían imputado.
Antes de proceder a la clausura de la instrucción de la residual de “La Cacha”, en febrero pasado se dispuso que el CMF evalúe al represor, que hoy tiene 68 años. En la pericia el Dr. Juan Carlos Romi –por el CMF- y el perito de parte Mariano Castex concluyeron que Von Kyaw “presenta síntomas de alteraciones psicopatológicas que configuren una perturbación psíquica manifiesta, por lo tanto sus facultades mentales, no encuadran dentro de la normalidad psicojurídica”. En base a ello la defensa del genocida pidió la suspensión del proceso y la fiscalía requirió una junta médica que lo evaluara.
Realizada la junta en abril pasado con peritos de todas las partes, se ratificó el estado de salud antes mencionado y los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira entendieron que “no existen fundamentos para oponernos al pedido efectuado por la defensa del imputado”. El diagnóstico valoró que el asesino “razona, discierne, discrimina y valora con relativo juicio crítico de realidad”, pero que “su capacidad judicativa se muestra debilitada y pauperizada”. Agregó que “presenta un síndrome depresivo reactivo situacional consecutivo a un proceso cerebral orgánico de origen tumoral…afección tórpida y progresiva cuyo pronóstico es ominoso e irreversible (cáncer que evoluciona hacia un periodo terminal)”. Esto ha sido motivo suficiente para concluir que el genocida aún impune no se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.
Más allá del dictado de la libertad de Von Kyaw, el juez Kreplak trató de explicar que como la suspensión es temporal y “fundada en una incapacidad sobreviniente”, se mantendrá la prohibición de salida del país del genocida, se le requerirán informes de salud trimestrales y “la tramitación del proceso proseguirá a los fines de continuar investigando los delitos cometidos, las víctimas y los autores de los mismos, que fueron cometidos en el centro clandestino de detención y tortura conocido como ‘La Cacha’”. El problema es que la causa residual por “La Cacha”, cuyo tramo principal tuvo sentencia hace 3 años, no tiene más imputados. Más que una mera desprolijidad, esta es la muestra cabal del interés investigativo que la justicia federal platense, en este caso la secretaria del juzgado Ana Cotter, otorga a tan importante porción de los crímenes de Estado

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jueves, 1 de junio de 2017

CUARTA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

TESTIGOS MEMORIOSOS ANTE UNA JUSTICIA LENTA

En la cuarta jornada juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares la hermana y el hijo de dos asesinados por la patota de la derecha peronista dieron detalles de esos crímenes impunes, que por defección de la justicia no están siendo parte de este debate. Además un trabajador de Astillero y ex preso político en la Unidad 9 relató la impunidad con que se manejaba la banda aun estando detenida en ese penal.

Por HIJOS La Plata
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En la cuarta audiencia del juicio que comenzó el 15 de mayo, declararon dos familiares de asesinados por la patota platense de la CNU que no están siendo tomados como caso en este juicio por la defección de la justicia platense.


En primer término Graciela Rayson, hermana del trabajador de Propulsora Siderúrgica Daniel Rayson, secuestrado y asesinado el del 19 de febrero de 1976, relató con desazón el violento operativo que la patota de Castillo perpetró en su casa de calle 171 entre 16 y 17 de la ciudad de Berisso. “Se robaron la vida de mi hermano y hasta hoy no sé por qué. Hoy vengo acá en busca de una respuesta, a ver si el señor Castillo me puede informar algo”, dijo Graciela, que al momento de los hechos tenía 22 años y aún hoy expresa en su relato las consecuencias de aquella barbarie. “Entraron como un tropel, además de llevarse a mi hermano nos robaron todo. Se llevaron tres tomos de las obras de Freud que yo tenía. Iban y venían llevándose cosas. Eran como diez o quince personas armadas”,
Daniel Rayson era estudiante de Derecho y trabajador en la fábrica metalúrgica Propulsora Siderúrgica de Ensenada. “Mi hermano era peronista, pero no militaba. Estaba estudiando y trabajaba horas extras porque su proyecto era casarse”, dijo Graciela. Explicó que como su padre, que murió siendo ellos muy pequeños, era militar y conocían la sede del Regimiento 7, fueron a hacer gestiones a esa dependencia, por entonces ubicada en la actual Plaza Malvinas. Luego la llamaron de la Unidad Regional de la Policía bonaerense para que reconociera elementos robados y secuestrados a la banda de Castillo cuando fueron detenidos en abril del ’76, hecho que coincide con las búsquedas de muchos testigos que ya hablaron en el debate. Además afirmó que con ingenuidad hicieron la denuncia en una comisaría de Berisso, en la misma Propulsora y recurriendo al concejal López Osornio de esa localidad. Él fue quien días después reconocería el cuerpo de Daniel, que apareció acribillado en Brandsen junto al de Alcides Emilio Méndez Paz, estudiante de ingeniería y trabajador de Astillero Río Santiago secuestrado el mismo día. “No me dejaron verlo. Me mostraron una foto. Estaba tirado boca abajo junto a Méndez Paz. Su carita estaba sobre una zanja con la boca abierta y las manitos atadas detrás. Me mostraron la ropa y estaba agujereada. Le conté entre dieciséis y diecinueve balazos”, aseguró Graciela ante el tribunal. “Como pude traté de sobrellevar la muerte de mi hermano. Me puse anteojeras como un caballo y me puse a estudiar psicología y después medicina” relató apesadumbrada la testigo, que se aferró a su creencia religiosa para rehacer su vida y afirmó sin ironía mientras buscaba al represor con la mirada que “al señor Castillo le tengo que agradecer porque en mi dolor me hizo conocer el dolor de los demás”.


A continuación ofreció su testimonio Ariel Suárez Córica, hijo de Luisa Marta Córica, militante de la JUP y delegada de los trabajadores del Hipódromo platense secuestrada y asesinada el 7 de abril de 1975 por la banda de la CNU. Al comenzar el relato Ariel no dudó en calificar el crimen de su madre como “un acto del terrorismo del Estado” del que aseguró “yo también soy víctima junto a mis hermanos, ya que arrastramos esto desde hace 42 años”. Cuando sucedió el hecho Ariel tenía 10 años, y sin embargo pudo reconstruir la situación previa que vivía su madre: “vivía atemorizada y sintiéndose expuesta”, dijo. Detalló que la familia sufrió tres hechos de amenazas previos al secuestro. Primero un hostigamiento de vigilancia de una persona que realizaba vigilancia en la casa que habitaban en calles 16 y 37. Luego en el departamento de calles 47 entre 10 y 11, donde recuerda haber encontrado a su madre dentro de la habitación junto a una persona que fumaba y la hostigaba. El tercer hecho fue más violento, ya que al entrar al departamento fueron interceptados por un grupo de 4 personas que lo agarraron a él del cuello y pusieron contra un costado, mientras sentaron a su madre en una silla y la amenazaron durante media hora. Posterior a eso, tuvo charlas con su madre y recuerda que siempre le nombraba al “Indio” Castillo como “la peor amenaza”. De hecho recuerda haberle pedido a Luisa que se fuera y reclamarle “¿Qué vamos a hacer si el “Indio” te mata?”.
Luisa estaba separada y criaba a sus tres hijos. Trabajaba en el área de fotocopiado de la Cámara de Diputados de la provincia y en el Hipódromo platense, ambos ámbitos de intensa circulación de las patotas de la CNU. Además estudiaba Filosofía y Letras en la Facultad de Humanidades de la UNLP y, según Ariel, “tenía muchos valores y era muy solidaria”. Fue secuestrada por un grupo de 7 represores cerca de la estación de trenes platense cuando salía de su trabajo en el Hipódromo. Entre los partícpes estaban Castillo, Pomares, Dardo Quinteros, “Richi” Walsh, “El Feiño” David Massota, “Tony” De Jesús, “El Boxer” Alfredo Lozano y “El Misto” Gustavo Fernández Supera, entre otros.
Su cadáver destrozado apareció en la localidad de Los Talas, al sur de Berisso. El crimen sufrió el encubrimiento de las causales de muerte en la Morgue de La Plata, donde los médicos policiales asentaron “hemorragia aguda” lo que en verdad eran siete itakazos y huellas de ataduras en las muñecas. La dinámica se perfeccionaría como último eslabón de la cadena impune del Terrorismo de Estado durante la dictadura.
Ariel contó que cuando pudo recuperar el puesto de trabajo de su madre en la Legislatura fue conociendo a algunos compañeros de ella y que se cansó de escuchar que le mencionaran que el “Pipi” Pomares estaba implicado en el crimen de su madre: “En ese momento Pomares trabajaba de asesor en el Senado. Era vox pópuli que se había dedicado a reventar gente, igual que toda esta banda del terror”.
En la instrucción de la causa CNU realizó un reconocimiento fotográfico en el juzgado, donde reconoció a Castillo, Fernández Supera, Ricardo “Richard” Calvo y “Tony” De Jesús, estos dos últimos como dos de los que amenazaban a Luisa en aquella irrupción en el departamento previa al secuestro. Además señaló que su padre tuvo un encontronazo con “El Misto” Fernández Supera poco tiempo después del asesinato de Luisa, porque se había mudado con su familia en frente a la casa de los abuelos de Ariel. Agregó que a Calvo se lo cruzó un día por el centro de La Plata, cuando tenía 15 años, lo siguió y lo vio entrar a la Legislatura provincial. “Los asesinos de mi vieja estaban en La Plata tranquilos tomando café, hicieron carrera en el estado, fueron protegidos y se jubilaron sin problemas”, afirmó. Por si fuera poco, contó que realizando su trabajo de camarógrafo un día fue a cubrir una nota sobre la inauguración de una casita de fiestas infantiles en La Plata. Al llegar reconoció al dueño del lugar como el represor “Tony” De Jesús, y después supo que el emprendimiento lo había financiado con la indemnización que cobró, como muchos otros de la banda, haciéndose pasar como detenido político en la dictadura.
“Por mucho tiempo creí, como deben haber creído los imputados, que nadie iba a tener que dar explicaciones de estos crímenes. Sin embargo la vida y el país me fueron demostrando que no fue así, y sobre todo por la lucha de los organismos de Derechos Humanos” señaló con firmeza el testigo, que finalizó diciendo “Estoy acá para cerrar un círculo”.


Finalmente el testigo Luis Córdoba, ex detenido desaparecido y preso político por ser delegado en Astillero Río Santiago, aportó un detalle muy significativo sobre Córdoba entró como aprendiz al Astillero Río Santiago a los 14 años, y ya para 1975 era delegado en la sección de alistamiento eléctrico.  Como parte de esa tarea participó de la formación de la Coordinadora Interfabril de zona sur, junto a compañeros de Propulsora, YPF y el frigorífico Swift, y del impulso de los Convenios Colectivos de Trabajo reconocidos formalmente en el ’75.
Fue detenido en las redadas que la Marina realizó sobre los trabajadores de la zona el 24 de marzo del ’76, pasó cinco días de torturas en el Centro Clandestino de Detención de la Escuela Naval Militar y luego 18 meses como preso político en la Unidad 9. Fue despedido de Astillero y, si bien pudo recuperar el estatus de relación de dependencia como dispensado, nunca se le reconocieron los años de antigüedad para poder jubilarse. Con 71 años sigue peleando con sus compañeros para que ese beneficio se haga efectivo.
En principio el dato que señaló no es nuevo, y el propio Córdoba se encargó de recordar que él ya lo había aportado a la justicia en sus testimoniales de juicio Por la Verdad de septiembre de 2006, juicio “Unidad 9” de 2010 y juicio “Fuerza de Tareas 5” de 2015.
En concreto volvió a relatar que cuando estaba en la Unidad 9 pudo ser testigo de que un grupo de 6 integrantes de la CNU, entre los que se destacaban Castillo, Pomares, y “Tony” De Jesús, salían al patio a conversar con los detenidos políticos y alardeaban de las tropelías que habían cometido tiempo antes. Entre ellas, Córdoba recuerda los secuestros y asesinatos de varios compañeros de Astilleros o de las fábricas de la zona ya desde noviembre del ’75 y hasta bien entrado el golpe de Estado como Alcides Méndez Paz, Salvador Delaturi, Carlos Scafide, Juan Carlos Arriola, Diego Arias, Jorge Pedro Gutzo, Fortunato Andreucci y José Luis Lucero.
La banda de Castillo había sido detenida a fines de abril del ’76, en un operativo donde habían ido a secuestrar al militante de la JP Juan Carlos Arias, lo que demuestra que seguían activos después del golpe coordinando la represión con los Grupos de Tareas de la dictadura. Recordemos que Castillo está procesado en la causa por los crímenes cometidos en dictadura en el CCD de la sede de Caballería de la Policía Bonaerense, ubicado en calles 1 y 60.
Córdoba afirmó que, más que cumpliendo un régimen como detenidos, en la Unidad 9 estaban puestos para sacar información a los presos políticos. Recordó que la banda andaba con ropas de particular, que Castillo exhibía credenciales del Ejército y la Marina y que los presos políticos que salían de las celdas a hacer tareas de limpieza o a servir comida veían a los CNU en el puesto de control con una libertad de acción que el resto no tenía. En uno de esos cruces, Córdoba les reclamó “Ustedes sabían que nosotros éramos trabajadores, no teníamos armas, e igual nos masacraron”. Entonces uno de los represores le contesta señalándole un reloj que tenía puesto y le dice: “Este es el reloj de Pedro Gutzo, y ese sí estaba en la pesada”. Tiempo después, ya liberado, Córdoba pudo saber a través de la familia de Gutzo que en el operativo de secuestro les habían robado varias cosas, entre ellas un reloj de Pedro.
Además, Córdoba aportó más información sobre el circular impune de la banda de la CNU en La Plata en democracia. Dijo que realizando gestiones por ciertas obras de su trabajo en 2006, fue a ver al secretario de gobierno del municipio, y allí vio a Castillo y Pomares entrando y saliendo de los despachos. Lo mismo ocurrió en la Legislatura provincial cuando estaba impulsando la ley de reparación de los trabajadores de Astillero.
Al finalizar el relato, Córdoba reclamó con firmeza “No puede ser que la justicia todavía no tenga en claro todo esto. Ya debería estar todo investigado. Sobran elementos como el uso de las mismas modalidades de secuestro y asesinato, las mismas armas y vehículos en los distintos casos. Yo siempre colaboré con la justicia contando la verdad. Pido que se aceleren estas causas y sobre todo la de los compañeros víctimas de Astillero”. Finalizó diciendo que “hay mucha expectativa de los compañeros de Astilleros por el cumplimiento de la sentencia de reconocimiento de los años de servicio para jubilarse. No es admisible el tiempo que se toma la justicia con los compañeros”.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL MIÉRCOLES 7 DE JUNIO A LAS 10HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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