NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

domingo, 20 de agosto de 2017

ONCEAVA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

LA CONTUNDENCIA DE LOS DATOS

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares tres testigos aportaron su visión de la CNU desde las miradas documental, histórica y de investigación periodística. Apabullado ante la contundencia de la información, el “Pipi” Pomares pidió hablar y desvarió durante casi una hora haciéndose la víctima.

Por HIJOS La Plata


En primer término Claudia Bellingeri, perito judicial de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), continuó con la exposición que había iniciado la audiencia anterior. Completó la descripción de los archivos de inteligencia de la bonaerense, entre los que se encuentran las fichas personales de algunas de las víctimas del juicio como el gremialista del hipódromo Carlos Domínguez, asesinado por la CNU el 12 de febrero del ’76, de quien aseguró la perito que “aparece hasta el último volante que sacó la agrupación sindical, donde llama a los trabajadores a recuperar el gremio intervenido y a luchar por la reincorporación de los cesantes”. La misma información presentó en el caso de Leonardo Miceli, estudiante de la UTN y trabajador de una tercerizada de Propulsora, de quien figura información sobre una detención anterior que sufrió el 17 de octubre de 1970 y las denuncias que su familia realizó tras su secuestro el 20 abril de 1976, lo que según la perito “da cuenta de cómo la inteligencia policial construye a las víctimas”. Además, en el caso de Miceli se encontró en el archivo de inteligencia un legajo sobre el hallazgo de su cadáver acribillado junto a los de Horacio Urrera y Carlos Sathicq, hecho que la inteligencia de la bonaerense compartió especialmente con el Batallón 601 de inteligencia del Ejército en materia de antecedentes y evolución del caso.
También describió el legajo de hallazgo de los cadáveres de Néstor Dinotto y Graciela Martini, secuestrados y asesinados por la CNU el 4 de abril del ‘76, hecho que la inteligencia policial cifró como “Nº4815” en la Mesa “DS” del archivo, que hacía referencia a hechos sobre lo que calificaban “Delincuentes Subversivos”.
Respecto a los imputados figuran amplios antecedentes de ambos. De Pomares se consigna una detención y fichaje de mayo de 1972, cuando realizaba pintadas de la Concentración Nacional de Estudiantes Secundarios (CNES) colateral secundaria de la CNU que integraba junto a Néstor Causa, Gerónimo Gualla, Juan Carlos Gomila, Alberto Arana Maderna y Alberto Lampusano, entre otros.  En el caso de Castillo existen varios documentos sobre las causas por tenencia de armas, robos, atentados y asociación ilícita que continuó cometiendo en la década del ’80 y ’90. También figuran los contactos que la banda tenía con los grupos de tareas de López Rega y las áreas de inteligencia estatal, a través de una empresa privada de investigaciones denominada “Servicios Suratlánticos”, registrada en Mar Del Plata en los ’70 donde compartían negocios los peces gordos de la represión Aníbal Gordon, César Enciso, Leonardo Miguel Save y el mismísimo Otto Paladino, uno de los fundadores de la Triple A y en dictadura jefe de la SIDE. Finalmente la perito describió un organigrama de la CNU La Plata realizado por la DIPPBA donde ubican a Castillo como jefe, a Pomares como segundo o “Capitán” y a otros represores como “Pucho” Sánchez, Miguel “Turco” Nasif y Raúl “Chiche” Mendoza como integrantes de la banda.


El siguiente testigo fue el docente e investigador en Historia de la Facultad de Humanidades de la UNLP, Juan Luis Carnaghi, convocado para describir el contexto histórico en que se cometieron los crímenes de la CNU, principalmente a través de los conceptos de su tesis doctoral “Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y reconfiguración de la CNU La Plata, 1955-1974”.
Carnaghi afirmó que su motivación inicial fue investigar con mayor profundidad lo que suele denominarse genéricamente como “derecha peronista”, precisar su cronología y el peso de la CNU dentro de ese espacio. Puesto a describir los orígenes y consolidación de la CNU como grupo con identidad y actividades propias, lo describe como el resultado de dos tradiciones distintas en el campo nacionalista: por un lado la trayectoria individual, político-intelectual, de su mentor Carlos Disandro, su proceso de radicalización de ideas sobre la tríada peronismo-universidad-catolicismo, y una trayectoria de militancia política del nacionalismo juvenil platense, básicamente el grupo Tacuara, que confluyó en el Instituto Cardenal Cisneros, que dirigía Di Sandro, en el germen de la CNU, cuyo nacimiento se ancla en 1965 pero tenía una década de formación. De hecho dos de los líderes de la primer CNU La Plata, Martín Salas y Félix Navazo, provenían de Tacuara.
Sobre el Programa político CNU, el docente afirmó que el grupo estaba muy anclado en la idea de reivindicar el restablecimiento de la ley universitaria peronista 13.031 de 1947, como una batalla contra la autonomía universitaria, por la designación de autoridades desde el ejecutivo nacional y de control del poder de los claustros. A su vez en términos de acción se basaban en la impugnación de otros actores políticos tanto humanistas como reformistas o de izquierda, ya que según Carnaghi “en su esquema no había lugar para esos actores”.
Con una etapa de crecimiento y despliegue de acciones en la universidad entre 1965 y 1971, según el historiador la CNU se reorganiza y baja su actividad desde ese año, en parte por las consecuencias legales del atentado y asesinato de Silvia Filler que cometieron en la Universidad de Mar Del Plata en diciembre del ’71. Desde allí para el año ’73 se reconfiguran en lo que Carnaghi denomina un “Cártel político sindical” (concepto que toma de la definición “power cartel” que el historiador británico Ian Kershaw realizó analizando el fenómeno del ascenso del nazismo) y donde distintos actores políticos, en este caso CNU y UOM-Juventud Sindical Peronista-62 Organizaciones, coincidían en la acción por tener un ideario común en el catolicismo ortodoxo y el anticomunismo y ciertos objetivos compartidos, centralmente hacer prevalecer el ala derecha del movimiento peronista en el proceso político. En ese sentido puede entenderse la evolución del grupo inicial de la CNU, el crecimiento de sus acciones violentas desde los hechos de Ezeiza en junio de 1973 y su vinculación desde 1974 con el Estado provincial, ahora en manos de un hombre de la UOM como Victorio Calabró, para cumplir un rol represivo.
Puesto a describir la relación entre Di Sandro y Perón, el historiador recordó las visitas del intelectual al líder en Puerta de Hierro en 1967, la copiosa correspondencia que fluía entre ambos y la adscripción del propio Perón al concepto de “sinarquía” para resolver la puja existente por la identidad peronista entre las diversas corrientes del movimiento.  Esa dinámica de “depuración ideológica” a la interna del movimiento peronista, según Carnaghi también se reflejó en la política universitaria local, en una lucha contra el modelo inclusivo de la UNLP que venían desarrollando los sectores ligados a la izquierda peronista, y con los asesinatos de los dirigentes Rodolfo Achem y Carlos Miguel en octubre de 1974 como máximo exponente.
En la concepción del historiador Perón realiza una opción por ese “Cártel político-sindical” y desacredita al sector de la Tendencia revolucionaria, a los que tacha de “infiltrados, apátridas o falsos peronistas”, sobre todo desde la puesta en práctica de Documento Reservado del Consejo Superior Peronista de octubre del ’73 que obliga a “denunciarlos y combatirlos por todos los medios”. Tal opción puede verse en el derrotero de Perón respecto a las ideas del marxismo, que según Carnaghi “primero lo desaprueba, luego en el exilio alienta a los sectores de izquierda del movimiento, pero finalmente ya en 1973 termina condenando la idea de quienes pugnaban por construir un socialismo nacional”.


A continuación el periodista Daniel Cecchini explicó los pormenores de la investigación que realizó junto a Alberto Elizalde Leal, que fue publicada por entregas en el semanario Miradas al Sur y está compilada en el libro “La CNU - El terrorismo de Estado antes del golpe”. El periodista dijo que la motivación esencial de su trabajo, iniciado en 2010, fue que si bien había investigaciones sobre la Tiple A o el Comando de Libertadores de América que operó en Córdoba, no existían muchos había trabajos sobre la CNU. Además como platense y militante en los 70, en su caso en el PRT, conocía a algunas de las víctimas. En la indagación periodística pudieron determinar al menos 68 casos de víctimas de la banda de Castillo contados al detalle en el libro. El autor aseguró que “siempre los blancos fueron estudiantes, docentes, sindicalistas de base, funcionarios de la universidad, y militantes, nunca personas armadas ni que pertenecieran a organizaciones armadas”. Describió al grupo como integrado por 40 o 45 personas, con un núcleo duro de 15 integrantes, más 5 o 7 que rotaban prestando apoyo. “Todas las fuentes coinciden en señalar que el jefe era Castillo y Pomares un integrante importante”, dijo Cecchini, y en el núcleo duro, o los que siempre estaban en los operativos, ubicó a Ricardo Walsh, Dardo Quinteros, Ricardo Calvo, Vicente Álvarez y Alfredo Lozano. Y algunos que actuaban aunque en menos ocasiones eran Jacek Piechoki, Gerardo Rafael Blas y Patricio Errecalde Pueyrredón, entre otros.
Además planteó tres etapas en la historia de la CNU: entre ‘67/’71 como grupo de choque de la derecha en la universidad, desde 1974 como herramienta del terrorismo de Estado del gobierno de Victorio Calabró, y desde Octubre de 1975 funcionando para la represión bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Sobre la etapa inicial del grupo, Cechini recordó la figura de Carlos Di Sandro y contó que lo tuvo como profesor en el Colegio Nacional. También rememoró que en 1964 Perón había designado a Di Sandro como delegado de la juventud en el movimiento peronista, y que el profesor había nucleado varios pesados de la represión en su Instituto Cardenal Cisneros del barrio “El Mondongo” como Néstor Beroch, el subjefe del Distrito Militar, Mario Lopez Osornio y el policía Jorge Vicente Schoo. De hecho aseguró que a través de los contactos con Schoo, director del Liceo Policial y la Escuela Vucetich, Di Sandro daba cursos sobre la “sinarquía” en la Jefatura de Policía. Cecchini ubicó al grupo inicial de la CNU rompiendo asambleas universitarias y apaleando a estudiantes de izquierda. Pero ya a partir de los gobiernos de Héctor Cámpora y Oscar Bidegain, con la avanzada de la izquierda peronista en ámbitos de poder, el grupo realiza una escalada de violencia con atentados y amenazas de muerte. Sobre el período en que se desplegó el terror de Estado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires,  el periodista afirmó que “la CNU fue un engranaje de las prácticas del terrorismo de Estado en el gobierno de Calabró. Este accionar era no sólo tolerado, sino propiciado por el gobierno y se realizaba en conjunto con la burocracia sindical y la policía bonaerense”. Entonces recordó la primera operación grande de la CNU La Plata del 6 al 8 de agosto de 1974 tras cinco blancos: el militante de la JUP Luis Macor, el sindicalista del SUPE Carlos Enio Pierini, el histórico de la resistencia peronista Horacio Chaves y su hijo Gonzalo, secretario de la JTP, y la docente y decana de Humanidades Reyna Diez. Para Cecchini es el hecho inaugural del modus operandi de sembrar cadáveres acribillados como un mecanismo de diseminación del terror. Sobre los contactos de la CNU con la policía bonaerense, el periodista recordó que el coordinador desde la Unidad Regional era Julio Cesar Garachico, que hubo al menos 3 policías en la banda (Alfredo Lozano, Roberto Storni y Vicente Álvarez) y que varios de los operativos tenían obvia cobertura policial o “zona liberada”, como los casos del asesinato de Mario Gershanik, realizado a una cuadra de la Jefatura, o de Ricardo “Patulo” Rave, con dos patrullas cortando la calle mientras era secuestrado a pocas cuadras de la comisaría 2da. “Una fuerza irregular no puede hacer esos operativos, y si tiene protección policial de fuerza irregular no tiene nada, es parte del aparato represivo”, sentenció Cecchini. Finalmente sobre el período final de la CNU, Cecchini opinó que en el contexto de la puesta en vigencia a nivel nacional del decreto de “aniquilamiento de la subversión” de 1975, se dio la coordinación de acciones entre la inteligencia militar y las bandas paraestatales. Contó que con Elizalde Leal pudieron constatar que a partir de una reunión en el Sindicato de Papepleros en Bernal se acordó que la CNU pasaba a depender del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. La investigación de Cecchini y Elizalde Leal detalla que por órdenes del coronel Alejandro Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, se juntaron el jefe de Prensa y Difusión del Ministerio de Bienestar Social, Miguel Ángel Tarquini (a su vez jefe de la Zona Sur de la CNU), el agente del 601 Orestes Vaello, gente del sindicalista papelero Fernando Donaires y varios suboficiales de la Bonaerense, del Ejército y de Prefectura, y el comisario mayor Alberto Pacheco (alias “El Mono”), encargado desde la Bonaerense de bajar las órdenes a la banda de Castillo. El testigo dijo que este pase de mando del grupo puede constatarse tanto en el pasaje del CNU Emilio Centeno Quiroga al Destacamento 101, como en el accionar de la banda en el cordón industrial del gran La Plata, con los asesinatos de Salvador Delaturi, Carlos Scafide, Leonardo Miceli y Carlos Satich, todos militantes y trabajadores en empresas de aquella zona. “Después del golpe los grupos que habían participado en el terrorismo de Estado previo al golpe se integran al plan represivo. Y pasamos de los cuerpos acribillados en descampados a la desaparición forzada de personas”, concluyó Cechini que habló por casi dos horas.


Sobre el final de la audiencia, el asesino Juan José “Pipi” Pomares realizó una ampliación de indagatoria, derecho que tiene como imputado pero que no utilizó para defenderse de hechos puntuales sino para desvariar. Con un discurso desordenado y lastimoso, sin aceptar preguntas de las querellas, el “Pipi” trató durante tres cuartos de hora de pintarse como una víctima de la situación y en el intento debió ser asistido por las instrucciones de su abogado Néstor Salas, a quien definió como su “amigo”. Comenzó diciendo que hablaba porque había escuchado “muchos disparates y mentiras” durante todo el juicio. Prometió decir la verdad “sin provocar a nadie” y en una muestra de su primaria mixtura de peronismo y cristianismo aseguró “La verdad es la única realidad. La verdad es una sola, aunque cada uno tiene su propia verdad”. Siguiendo con los pasajes místicos dijo que “a Dios no lo echa nadie de ningún lado, él está acá escuchando todo”, en clara alusión al pedido de retiro del crucifijo de la sala de audiencias que había realizado la querella de Justicia Ya. “Cuando la majada es flaca el cordero es gordo” se entusiasmó Pomares, “y a mí me vienen engordando desde hace 10 años, cuando leí en internet: ‘Pomares, la cara más visible de la CNU’”.
Intentó despegarse de la banda de la derecha peronista diciendo que nunca fue a la universidad, y que recién está terminando el secundario. “Me han salpicado con sangre que nunca derramé. No soy el que ustedes quieren que yo sea”. Relató que fue detenido y sufrió cárcel en la Unidad 9 en dictadura, sin agregar que en una causa por cometer robos comunes haciéndose pasar por policía junto al resto de los CNU, y sentenció: “Ninguna fuerza me protegía, me torturó la policía de Camps”. La única defensa puntual que realizó sobre lo que se dijo en el juicio fue contestar a la declaración de Daniel Pastorino, uno de los sobrevivientes del operativo donde la CNU asesinó a Néstor Dinotto y Graciela Martini, que había dicho que quien manejaba el auto en que los secuestraron era Pomares y que lo reconoció con bigote en una rueda de fotos que le exhibieron en el juzgado de instrucción. Pomares intentó desligarse diciendo que cuando joven no tenía bigote porque no le salía, y que no tenía registro para manejar, aunque sí lo hacía porque dijo que le robaba el Siam Di Tella al padre, que lo castigaba por ello. Tras hablar largo tiempo con los ojos cerrados, llorar, gritar y hasta recitar unos versos de la marcha de la bronca dijo: “Fui, soy y seré un militante peronista. Fui un eslabón más en la cadena de la resistencia peronista. Yo me enamoré del león herbívoro”, en alusión a Perón. Y agregó que “los peronistas fuimos víctimas siempre, fuimos el fiambre del sándwich, por derecha y por izquierda siempre nos fagocitaron”.
El asesino denunció que como parte del tratamiento que recibe por una hemorroide crónica le hicieron en Marcos Paz una colonoscopía sin anestesia que lo dejó sangrando: “Uso toallas femeninas para no manchar la silla”, dijo, y agregó que “esto es por ser preso de lesa humanidad, si fuera preso común me atenderían mejor”. Y hasta se animó a emular a su ex mentor Carlos Di Sandro al asegurar que “en la historia del mundo la lengua ha matado más que la espada”, una críptica declaración que Pomares y sus compinches de la CNU aún vivos sabrán mejor que nadie lo que significa.
El juicio está llegando a su etapa final ya que, según lo estipulado por el tribunal, el lunes 28 de agosto se escuchará una ampliación de declaración del “Indio” Castillo y se dará inicio al alegato de la fiscalía.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 28 DE AGOSTO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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jueves, 17 de agosto de 2017

DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA: DISTINTOS GOBIERNOS, LA MISMA IMPUNIDAD.

Pese a la campaña de confusión de los medios de comunicación, Santiago Maldonado está desaparecido. Ni perdido, ni extraviado. Aun así, no es el primer desaparecido en democracia, ni tampoco el primero después de Jorge Julio Lopez.
La continuidad de la práctica represiva de desaparecer personas tras detenerlas ha sido moneda corriente en todos los gobiernos durante los últimos 34 años. Hoy el macrismo suma una nueva víctima a la lista de más de 215 casos de desaparición forzada en “democracia, esta vez la de Santiago, “EL LECHU”, conocido compañero militante anarquista de La Plata, solidario y comprometido con las luchas populares.


LOS HECHOS
Desde martes 1 de agosto  Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, luego de la brutal represión de gendarmería al interior del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) por parte de más de cien efectivos de esa fuerza nacional de la que es responsable la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
Las fuerzas de seguridad responsables de la represión fueron los Escuadrones de Gendarmería N°34 de Bariloche, N°35 de El Bolsón, N°36 de Esquel, el Escuadrón de Ramos Mejía y Rawson, encabezadas en forma personal por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti.
Este repudiable funcionario fue asesor de Patricia Bullrich cuando era diputada y saltó con ella al gabinete nacional. Fue abogado defensor de genocidas procesados por crímenes de lesa humanidad en juicios realizados en Entre Ríos y La Pampa, sostuvo que aquellos procesos eran la “legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político” y atacó la legalidad de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura.
Esto es una clara muestra más de la relación que persiste entre la Impunidad de ayer y de hoy, denuncia que venimos realizando desde HIJOS hace más de 22 años. 


CONSIDERACIONES SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 
La definición estricta de la  desaparición forzada de personas vigente en la Ley 26.679 es “la privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Recordemos que el Artículo 142 ter del Código Penal, modificado por esa ley, no hace exclusivos en la definición de este delito a los casos con resultado de muerte probada o presunta, sino que pone el acento en la concurrencia de la complicidad estatal y la negativa a reconocerla o informarla debidamente.
En nuestro país la mayoría de los casos de desaparición de personas no se investigan, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias (como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte) que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana.
Por eso, para denunciar las desapariciones forzadas negamos el homicidio simple y la averiguación de paradero, y afirmamos que se trata de verdaderos hechos de desaparición cometidos por parte de agentes del Estado. Esto es lo que sucede con Santiago, se niega su desaparición efectuada por parte de la gendarmería, y solo se investiga el hecho como una averiguación de paradero.

LOS DATOS 
Desde 1983 hubo más de 210 casos de desaparición forzada en todo el país.
Pese a la continuidad de los gobiernos constitucionales, tantas veces defendida como garantía suficiente del respeto a la vida y la libertad ambulatoria, la protección frente a las detenciones arbitrarias y las torturas, los casos se han seguido acumulando con los años.
Los picos represivos en materia de desaparición forzada han sido los años 1994 (17 casos), 1997 (12 casos), 2001 (13 casos), 2003 (13 casos), 2006 (13 casos) y 2009 (13 casos).
Esto implica que durante los seis años del gobierno de Alfonsín se produjeron el 7% de las desapariciones forzadas, durante los diez años del Menemismo el 33%, en los 3 años en que Gobernó De La Rúa 9%, en la gestión de Duhalde también el 9%, y durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se produjeron 39% del total de desapariciones.
Estos datos evidencian por qué el Kirchnerismo y todos sus aplaudidores intentan lavarse la cara reclamando a cuatro voces la aparición con vida de Santiago, y ocultando que durante su gobierno desaparecieron al menos 90 personas. Entre  estos podemos mencionar los emblemáticos casos de Iván Torres (Chubut-2003), Sergio Ávalos (Neuquén-2003), Julio Lopez (La Plata. Bs. As.-2006), Luciano Arruga (Bs. As.-2009), Luciano González (Chubut-2009), Mario Golemba (Misiones-2008),  Daniel Solano (Río Negro-2011).
La provincia de Chubut, en la que desapareció Santiago, es una de las que cuenta con mayor índice de desapariciones forzadas, con 15 casos desde 1983 a 2017. Allí fue desaparecido Luciano González de 41 años en 2009, detenido por el GEOP en Cerro Centinela en el marco de un operativo de cacería al poblado de Corcovado (Departamento Futaleufú), por la muerte de un policía y en un hecho represivo similar al de Cushamen. Sus restos fueron hallados e identificados en 2013 y el caso sigue impune.
No podemos tampoco dejar de mencionar que durante el gobierno de Cristina F. de Kirchner, el genocida César Milani, como jefe mayor del ejército fue el encargado del armado de la estructura represiva en la Patagonia y en todo el país.
Además que en relación a los pueblos originarios se encargaron de hostigar, robarle tierras a la comunidad Quom.
Pero, por supuesto de todo esto los Kirchneristas no dicen ni una palabra.
 Descargar documento: 

ALGUNAS MODALIDADES 
Varios son los “casos testigo”, en los que el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad como una corporación encubridora son el eje conductor. En casos como los de Andrés Nuñez, Miguel Bru, (durante el gobierno de Carlos Menem), y de Iván Torres, (durante el gobierno de Néstor Kirchner), la pretendida denuncia de un delito menor se convirtió en secuestro, seguido de torturas en sede policial y ocultamiento del cuerpo para encubrir los hechos anteriores.
En casos como los de Luciano Arruga y Jonathan “Kiki” Lezcano, la persecución previa de la policía da paso a las detenciones, que se suceden en torturas, homicidio y ocultamiento del cuerpo “blanqueándolo” en el sistema formal de Hospitales, Morgues y Cementerios con la complicidad de toda la estructura estatal de gestión de la muerte.
Si bien puede señalarse a un actor básico como ejecutor, la práctica de la desaparición forzada no es exclusiva de los agentes de policías provinciales o federales, como lo muestra el caso de Sergio Ávalos, donde la detención fue practicada en un sitio de diversión nocturna por su sistema de seguridad, que contaba con 40 integrantes del Ejército que realizaban adicionales.
En otra modalidad típica, como los casos de Daniel Solano y Mario Golemba, la detención arbitraria y la eliminación de las víctimas se realizó por agentes del Estado en combinación con grupos económicos sobre conocidos referentes de organización sindical de base que luchaban contra situaciones de explotación laboral.
Pero quizás el hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une la continuidad del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, porque se trata de un sobreviviente del Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el silencio del gobierno Kirchnerista al respecto, pese a la gravedad material y simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex detenido desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.

LA RESISTENCIA:
 

Hace varios años los pueblos originarios vienen sufriendo la persecución, criminalización, y represión, además  del robo constante de sus tierras por parte de empresarios como Benetton o hasta los de la propia familia del presidente Macri. En todo el territorio, estos crímenes se incrementan cada vez más.
Por eso el ataque del Lof en Resistencia de Cushamen, porque necesitan aleccionar y borrar del mapa a los que luchan y resisten. Por eso la desaparición de Santiago, para intentar ejemplificarnos una vez más, para implantar el terror y el pie de plomo, creyendo que con eso van a dominar la rebeldía de los oprimidos. Rebeldía que los 300.000 compañeros detenidos desaparecidos nos enseñaron con el ejemplo de su lucha, poniéndole el cuerpo a las balas de los milicos asesinos.
Rebeldía  que hoy con este gobierno de cipayos represores continua más vigente que nunca.


APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO! CON VIDA TE LLEVARON, CON VIDA TE QUER
EMOS!


FUERA LA GENDARMERIA DE ESQUEL!

MACRI, P.BULLRICH Y NOCETI SON RESPONSABLES!!!

LIBERTAD YA A FACUNDO JONES HUALA!

ESCLARECIMIENTO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE TODOS LOS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA!

BASTA DE REPRIMIR AL PUEBLO!

HIJOS LA PLATA

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jueves, 10 de agosto de 2017

DECIMA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

LÚCIDOS CONTRA DESMEMORIADOS

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares dos testigos de las defensas de los asesinos no lograron velar el oscuro pasado de la derecha peronista. Además, dos testigos de la querella de Justicia Ya echaron luz sobre el pasado de la banda de la CNU y su activo rol en la represión del terrorismo de Estado.

Por HIJOS La Plata


En primer término dio su testimonio Juan Destéfano, ex presidente de Racing Club, ex secretario general de la UOM Avellaneda y ex secretario general de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires en la gestión del burócrata sindical de la derecha peronista Victorio Calabró entre 1974 y 1976. Convocado por la defensa de Pomares, Destéfano, sufrió 18 meses como detenido ilegal en dictadura en los CCD de Puesto Vasco y COT de Martínez y Arana, y ya había testimoniado en el juicio al capellán policial Christian Von Wernich en 2007. El testigo no logró exprimir lo suficiente su memoria pese al alto cargo que ocupó en la Gobernación. Contó que conoció a Pomares y Castillo en los pabellones 10 y 11 de la Unidad 9, cuando fue legalizado como preso político y ambos asesinos estaban detenidos en una causa por tenencia de armas y robos que cometían haciéndose pasar por policías en paralelo a los secuestros y ejecuciones de la CNU.
Destéfano, que se definió en la audiencia como “peronista ortodoxo, de Perón y Evita”, fue detenido junto a casi todos los ministros del gabinete de Calabró, como el titular de la cartera de Economía, Ramón Miralles, de Asuntos Agrarios, Pedro Goin, y corrió el mismo destino que familiares, socios y empleados del banquero y empresario David Graiver. Al respecto dijo que “todos fuimos tachados de subversivos” y agregó curiosamente que “en la mayoría de los casos erróneamente”.
Develando nuevamente la intención de la defensa de presentar a los asesinos como víctimas de la dictadura, Destéfano definió a Pomares como “un joven normal, que no fue subversivo. En la cárcel forjamos una amistad, al igual que con todos los que padecimos semejantes injusticias”.
Consultado por su tarea como secretario general de la Gobernación contestó que era la mano derecha del gobernador, y que se encargaba de realizar la coordinación institucional desde el ejecutivo provincial con los presidentes de las cámaras de senadores y diputados. Por las dudas aclaró: “Nunca recibí a los integrantes de la CNU como funcionario, sólo los vi como preso en la Unidad 9”. Requerido para que explique qué directivas había impartido Calabró a sus ministros frente al clima de violencia que se vivía, trató de explicar que siempre se actuó “con la policía y dentro de la ley” y que “éramos todos peronistas y católicos, de manera que por orden expresa del gobernador estaba prohibido maltratar o torturar a nadie”.
A una pregunta específica sobre si conoció el Documento Reservado del Consejo Superior Peronista de octubre de 1973, que ordenaba combatir por cualquier medio, perseguir y expulsar a los “infiltrados marxistas” del movimiento, respondió simplemente “no”.
Preguntado sobre si conocía al dirigente de la Agremiación de Empleados por Reunión del hipódromo asesinado por la CNU, Carlos Domínguez, dijo que no. E Indagado sobre cómo era la relación de la Gobernación con la Dirección Provincial de Hipódromos, y si conoció si hubo conflictos gremiales en el ámbito, dijo que suponía que había reclamos por salarios, pero que en la conducción del hipódromo estaban los funcionarios Edwin, Néstor Otero e Isidoro Donaires, y agregó “nosotros no pisábamos el hipódromo porque se nos acusaba permanentemente de que Calabró tenía caballos de carrera, entonces estaba vedado ir”.  En realidad ya desde su rol de vicegobernador de Oscar Bidegain, obligado a renunciar por Perón por vincularlo a la Tendencia Revolucionaria, Calabró aspiraba a acumular poder político y realizar negociados manejando la Dirección de Hipódromos, la presidencia del Banco Provincia y la jefatura de Policía.
Todo el gabinete de Calabró, que esgrimía amplios acuerdos políticos con el ministro José López Rega y con la burocracia de la CGT nacional y platense, conocía a Domínguez por encabezar la huelga que paralizó el turf entre diciembre del ’75 y enero del ’76. Tal es así que la Dirección de Hipódromos, que dependía directamente de la Gobernación, publicó una solicitada tergiversando los reclamos de la Agremiación y declarando ilegal la huelga impulsada por los trabajadores. En este mismo debate, la hija de Domínguez relató que en un episodio de fines del ’75 en que su padre caminaba con su madre por el centro de La Plata fue levantado por una patota que lo llevó directamente al despacho del gobernador Calabró y le dijeron “levantá la huelga porque te hacemos boleta”.
La memoria del secretario del “Taño” Calabró parece ser muye endeble a sus 83 años, pero tanto las familias de las víctimas como los sobrevivientes del genocidio saben muy bien quién fue cada quién en aquellos años. Al concluir su testimonio Destéfano fue aplaudido tibiamente por un grupo de seis personas que acompañaron el juicio en evidente apoyo a los asesinos Castillo y Pomares. Todo un símbolo.

A continuación fue presentado en calidad de testigo el genocida de la Policía Bonaerense Julio César Garachico, condenado a cadena perpetua en 2014 por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi en noviembre de 1976 y señalado en su testimonio de 2006 por Jorge Julio Lopez como uno de sus torturadores en los CCD de Arana. Lo insólito de la situación, que un genocida sea llamado como testigo, no se sostuvo por mucho tiempo. Convocado por el abogado defensor del asesino Castillo, el represor contestó las preguntas de rigor se adujo como última ocupación “trabajar en una empresa privada en el sur durante 15 años”. Dijo que a Pomares y Castillo los conoció en Marcos Paz por compartir la detención por cometer delitos de lesa humanidad.
Garachico, oficial principal de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense, debería estar imputado en esta causa por su complicidad liberando las zonas en los secuestros y torturas cometidos por la CNU en La Plata.
Preguntado por si participó en 1976 de “algún operativo o allanamiento” en el domicilio de alguno de los imputados, dijo que en abril o mayo de ese año lo enviaron a un operativo en la casa de Castillo. “Una señora me hizo pasar y Castillo no estaba. Listo. No hubo nada raro”. Afirmó no acordarse si intervino en actuaciones judiciales sobre la banda de la CNU, pero que recordó se secuestraron algunas cosas robadas “de un hecho en Villa Elisa”. Según el represor las cosas secuestradas, en su mayoría electrodomésticos, luego se las llevó el Ejército desde la Unidad Regional. En ese momento la farsa se develó: el testigo le reconoció al abogado que lo llamó a declarar que “Usted me pregunta cosas que yo no recuerdo. En realidad yo ni sabía a qué venía acá. Me enteré hoy a la mañana”. A semejante confesión al Dr. Buján no le quedó otra que decir: “No tengo más preguntas”. Como a todos los represores de la dictadura, al “Gordo” Garachico no le conviene recordar que estuvo a cargo de la patrulla policial que detuvo a la banda de Castillo el 29 de abril de 1976, cuando el grupo de tareas de la CNU intentaba secuestrar a Juan Carlos “Vaca” Arias, que relató el hecho en las audiencias de este juicio. Hasta entonces las autoridades militares y el jefe de la Unidad Regional, Carlos Masulli, encargaban a Garachico y al suboficial Alberto Bilardo la tarea de liberar las zonas para que la CNU pudiera perpetrar sus secuestros y asesinatos.
Para ubicar al represor-testigo en su lugar, la querella del espacio “Justicia Ya” le preguntó por los hechos que se investigan en el juicio y dijo desconocerlos. Requerido por los procedimientos que realizaba la Policía bonaerense en aquellos años, dijo que no recordaba. Pero además se le hizo una pregunta fundamental: “¿Usted puede aportar algún dato sobre el paradero del señor Jorge Julio Lopez?”. El represor se mostró asombrado y dijo “¿Pero qué es esto?”. La causa que investiga la desaparición de Lopez en 2006 aporta varios datos interesantes que responderían a la pregunta de Garachico. En octubre de 2006, cuando Lopez lo mencionó en su testimonio, gestionaba el casino Punto y Banca en Puerto Madryn. Circulaba por la ciudad en un auto de alta gama y realizaba “tours de juego” junto a encumbrados funcionarios menemistas como Carlos Spadone y Moisés Ikonicoff, pero al quedar en evidencia se desvinculó de la empresa y se fugó. Fue detenido en Mar Del Plata en abril de 2012, por un dato aportado exclusivamente por la querella de los organismos de Derechos Humanos.
Según el testimonio de Lopez, Garachico integraba el “grupo de picaneadores” que actuaba en el CCD de Arana junto a represores como Hugo Guallama, Carlos “Manopla” Gomez, Gregorio Medina, Manuel Aguiar, Francisco Urcola, Raúl Muñoz, José Orellana, Jorge Ponce, Tránsito Gigena, “Rudi” Calvo y el propio Miguel Etchecolatz. A 11 años del segundo secuestro y desaparición de Lopez no hay un solo imputado por el crimen. El espectro del testigo ausente continúa sobrevolando los juicios de lesa humanidad de La Plata, en momentos en que las desapariciones forzadas en democracia se renuevan con el caso de Santiago Maldonado.


A continuación se escuchó un completo y extenso testimonio de dos horas de parte del profesor de Historia y Doctor en Ciencias Sociales por la UNLP, Juan Luis Besoky, convocado por la querella del espacio Justicia Ya La Plata para describir el contexto histórico en que se cometieron los crímenes de la CNU, principalmente a través de los conceptos de su tesis doctoral “La derecha peronista. Prácticas políticas y representaciones (1943-1976)”.
En una exposición que resulta irreproducible para una síntesis como la actual, y que se alargó por las preguntas que los propios jueces realizaron queriendo ilustrarse sobre el período histórico, el despliegue conceptual de Besoky se basó en desarrollar 5 puntos esenciales:

                             -  El origen de la CNU en otros grupos de la derecha nacional como Tacuara, y su prédica desde el nacionalismo católico, y el anticomunismo. La figura central del profesor Carlos Di Sandro, su obra y su acción política bendecida por Perón. El concepto de “sinarquía” como la elaboración de un otro a combatir.
                             -  El desarrollo alentado desde el Estado de los grupos de la derecha peronista para combatir la “infiltración marxista” en el movimiento y expulsar a los gobernadores y otros funcionarios de la Tendencia Revolucionaria.
                               -  La presencia del Documento reservado del Consejo Superior Peronista de octubre de 1973 como elemento de puesta en marcha del accionar represivo del Estado, desde diversos grupos para-estatales como la CNU.
                               -  La elaboración de un andamiaje de legislación represiva en el tercer gobierno peronista para, como la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Prescindibilidad de empleados públicos , las leyes 20.642 de reforma del código penal, 20.840 de represión de delitos “terroristas” y el decreto secreto de 1.302 del denominado Operativo “Topo”, que legalizaba la “lucha contra la subversión”.
                              -  La continuidad del esquema represivo del tercer gobierno peronista en la dictadura a partir de los decretos de “aniquilamiento de la subversión”, y la prolongación de objetivos con el cambio de modalidades hacia una mayor centralización del mando en las Fuerzas Armadas.

En un intento por deslegitimar la impecable exposición de Besoky, el abogado de Castillo se atrevió a consultarlo por la fuentes de su tesis, a lo que el profesor respondió que la mayoría de las fuentes eran las propias publicaciones de la derecha peronista (como la Juventud Sindical, la JPRA o la propia CNU), la prensa escrita o entrevistas a militantes de la ortodoxia peronista. En el mismo sentido el defensor de Pomares trató de confundir al testigo y preguntó si un peronista de derecha podía ser considerado “subversivo” por la dictadura: Besoky respondió con altura que la mayoría de los militantes de la derecha que fueron detenidos luego fueron liberados, suerte que no corrió el grueso de los militantes de izquierda secuestrados, fueran peronistas o de otras vertientes de la izquierda local.
El aporte del testigo resulta ineludible para comprender el contexto real en que se produjeron los crímenes del terrorismo de Estado en el tercer gobierno peronista. Algunos de los trabajos de Besoky pueden consultarse en


La última testigo fue la directora del área de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Claudia Bellingeri, quien realiza tareas peritaje judicial sobre el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
La perito presentó al tribunal un informe realizado por la CPM que incluye los registros de la DIPPBA tanto de la CNU como organización criminal, como las fichas policiales de los imputados Castillo y Pomares, pasando por los legajos que la policía confeccionó de varias de las víctimas de esta causa, como Carlos Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini.
Bellingeri desarrolló la existencia de varios legajos referidos a la CNU en la Mesa de “Factor Estudiantil” de la DIPPBA que dan cuenta de que la Policía bonaerense conocía a la banda de Castillo desde sus inicios en el año 1967. Los archivos describen las actividades políticas del grupo como charlas y actos, y sus intervenciones violentas en distintas facultades de la UNLP como Arquitectura y Agronomía. Los documentos también dan cuenta de los estrechos lazos de la CNU con la JPRA, la Juventud Sindical Peronista y las 62 Organizaciones.
A esa altura de la jornada, el presidente del TOF1, Germán Castelli, cortó la exposición de la testigo alegando que el Tribunal tenía otros compromisos “impostergables” y se comprometió a seguir escuchándola en la siguiente audiencia.

LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL LUNES 14 DE AGOSTO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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viernes, 4 de agosto de 2017

DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO

SOLICITAMOS LA MAYOR DIFUSIÓN.


Compartimos un Spot denunciando la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la represión que la Gendarmería desató en el Lof en Resitencia de Cushamén, en Esquel-Chubut, en tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton.



Sumamos un entrevista a Fernando Jones Huala, hermano del Lonco Facundo Jones Huala, realizada por los compañeros de Radio Futura de La Plata y que describe la situación.




APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO

POR LA LIBERTAD DE FACUNDO JONES HUALA.
BASTA DE REPRESIÓN AL PUBELO MAPUCHE.
EL ESTADO ES RESPONSABLE.



SOLICITAMOS LA MAYOR DIFUSIÓN.

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viernes, 14 de julio de 2017

NOVENA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

UNA FLOJA AYUDITA DE TUS AMIGOS

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares comenzó la rueda de testigos de las defensas de los asesinos. Presenciamos un flojo papel de los peronistas platenses amigos de Pomares tratando de presentarlo como un militante de base y víctima de una persecución política.

Por HIJOS La Plata
https://es-la.facebook.com/ HIJOS.LaPlata/


En primer término dio su testimonio Carlos Ángel Donamaría, amigo personal del “Pipi” Pomares, hombre del Partido Justicialista y ex intendente de Junín, que trató de pintar al asesino como un abnegado militante por la causa de los humildes. Donamaría, apodado “El Oveja” entre la militancia, relató que conoció a Pomares en la década del ’80, cuando él se vinculó al Movimiento de Renovación impulsado en el partido por Antonio Cafiero y cuya rama platense era coordinada entonces por Julio Alak. Afirmó que militó junto a Pomares en el peronismo desde 1987 y hasta su detención, y que “El Pipi” le había comentado su preocupación por el avance de la causa en su contra en una de las tantas reuniones que tenían, café de por medio, en el centro platense. “¿Qué vas a hacer? Tenés contactos políticos”, le habría preguntado el amigo al represor, que según Donamaría le contestó: “No voy a ver a ningún político, ni me voy a ir. Vos sabés que soy inocente y no maté nunca ni una mosca”. Ante tal escenificación de la mentira, el público presente no pudo contener su expresión de irritación y exclamó indignado. Ante ello el presidente del tribunal, Germán Castelli, ensayó una sanción individual al o los vociferantes y luego resolvió desalojar la sala por el resto de la audiencia.
Al retomar su colorido relato el testigo profundizó que un día en los ’80 había que organizar un acto para el PJ y lo mandaron a hablar con Pomares para movilizar a la gente en micros desde barrio Hipódromo. Allí habría conocido al represor, lo cual denotó que no tenía nada para aportar sobre los hechos del juicio. De hecho, sobre la época de los hechos, el testigo dijo que entre el ’71 y el ’76 trabajó como fotógrafo en el hipódromo, retratando la llegada de caballos al disco, el pesaje y el desensillado. Curiosamente agregó que, aunque él no era empleado del hipódromo y no iba cuando no había carreras, “nunca vi conflictos y no conocía al personal”.
Donamaría olvidó relatar que él mismo fue sub-interventor del hipódromo en la gestión de Alak como intendente, en 2002, durante la intervención de Gerardo Carezano en la sede local del turf. Curioso el dato de que cuando procesaron a Pomares y a Castillo el ministro de Justicia de la Nación kirchnerista no era otro que el propio Alak, que nada aportó a la causa CNU La Plata quizás porque conoce demasiado el paño. El círculo de amistades, cargos y negocios en el peronismo de ayer y de hoy se cierra perfectamente, ya que Donamaría es hoy hombre del diputado Juan José Amondarain, de quien durante mucho tiempo fue secretaria la mujer de Pomares.
También dijo que Pomares trabajó de asesor del senador provincial del PJ Carlos Mosse, quien a su vez había sido secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de Nación durante las gestiones de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, y bajo el mando de Roberto Lavagna y Felisa Micelli. Mosse tenía mandato como senador entre diciembre de 2007 y de 2011, pero murió de cáncer en junio de 2011. Su militancia en el kirchnerismo parece no haberle impedido conchabar como asesor en el senado provincial al asesino Pomares que, al igual que muchos otros integrantes de la CNU local, vivió durante décadas de los sueldos de empleado público que consiguió en la Legislatura provincial y la Municipalidad platense por sus contactos políticos. Entre ellos, Alberto “El cabezón” Delgado, responsable del reciclamiento de muchos asesinos de la banda de Castillo en el poder local. Por las dudas, Donamaría trató de aclarar: “Mosse era a-mi-go de Pomares. Y si hubiera sabido que tenía una falencia de otra época, no lo hubiera soportado ni cinco minutos”. Contrasta con los 42 años que lleva impune por sus crímenes de juventud al amparo de todos los dirigentes del PJ local.
En el máximo de la puesta en escena el testigo agregó que en los ’80 el asesino se dedicó siempre a organizar los barrios, “a la acción social, con comedores y apoyo escolar. Siempre tuve el mejor concepto de él. Nunca en mi vida pude verle una patología mental, ni nada por el estilo. Fue un gran compañero. Siempre preocupado por los humildes”, aseguró sin perturbarse.


La segunda y última testigo fue Juana Alina Silveira, jubilada de 65 años, ex militante peronista de base y también amiga y compañera de Pomares.
En un testimonio evidentemente acordado con anterioridad, Silveira conto que “Pipi es más chico que yo. Cuando él empezó a militar yo ya estaba participando. Es un peronista acérrimo, siempre preocupado por los que menos tienen. La verdad que es una persona admirable. Un militante, un peronista”.
Para sumar dramatismo contó, sin especificar fecha ni lugar, que en dictadura ella estuvo detenida-desaparecida durante 3 meses, que tiene un hermano desaparecido y otros que estuvieron detenidos en la esa época. Agregó que en las visitas a su hermano en la Unidad 9 supo que Pomares estaba allí detenido. Al preguntársele si sabía por qué estaba detenido Pomares dijo: “Por ser peronista”. En realidad la causa por la que cayó en desgracia la banda de la CNU La Plata fue porque, a las par de los asesinatos políticos, realizaban violaciones de domicilios y robos simulando ser autoridad policial.
La testigo relató también que en los ’90, Pomares fue compañero de militancia de Juan Carlos Arias, a quien apodaban “El Vaca”. Arias sufrió 6 meses de detención ilegal en dictadura en la sede de Infantería/Caballería de la Policía Bonaerense en calles 1 y 60. Como testigo en este juicio Arias contó que en el operativo de su secuestro en abril de 1976 estuvo presente el “Indio” Castillo, en lo que fue además uno de los últimos hechos protagonizados por la CNU en La Plata. Llegada la democracia, varios militantes del ’70 se refugiaron en el alakismo, donde se cruzaron peronistas de bandos antagónicos del pasado. Según la testigo, cuando Alak dejó la intendencia muchos punteros de fueron dejados cesantes, y desde la Unidad Básica de 12 y 34 los que tomaron la posta para reorganizar el espacio fueron “Vaca” y “Pipi”.
A partir de allí, las afirmaciones de la testigo comenzaron a alejarse cada vez más de la realidad. Primero quiso dar a entender que en la Unidad 9 estaban detenidos juntos los presos políticos y los integrantes de la CNU, y que todos sufrieron tortura. La afirmación fue refutada en este y otros juicios por el testimonio de Luis Córdoba, trabajador de Astillero y ex preso en dicho penal, que contó detalladamente que los CNU estaban aparte y gozaban de libertades y privilegio que los presos políticos no tenían. Al repreguntarse por el tema la testigo Silveira dijo: “En las visitas los familiares estábamos juntos, los presos no sé”.
Luego, al preguntársele en qué agrupación específica del peronismo en los barrios militaban con Pomares en los ’70 no supo responder. “En el PJ, en la Juventud Peronista”, dijo. Resulta paradójico que los militantes de la Juventud Peronista de La Plata eran en realidad las víctimas de la CNU, muchos de cuyos casos se han ventilado en este juicio aunque no son tenidos en cuenta como caso para la acusación.
Ante tal desparpajo, el juez Alejandro Esmoris preguntó a la testigo si se trataba de la Juventud Peronista de la República Argentina, un grupo de la derecha del movimiento encabezado por Julio Yessi (hoy condenado por delitos de lesa humanidad) y conocido en la jerga como la “Jotaperra”. Silveira contestó inmutable: “No. Es la primera vez que lo escucho. Nosotros no estábamos afiliados. Éramos peronistas”.
Al requerirle si supo si Pomares fue parte de alguna otra organización contestó escandalizada: “Nooo!!!”. A pregunta del juez Germán Castelli, a punto de perder la paciencia, sobre si oyó hablar de la CNU, la testigo respondió: “Escuché, pero nunca la entendí. Era un centro universitario, ¿no?. Era un grupo muy cerrado”. Y finalmente, sobre si Pomares, que está acusado en este juicio por el secuestro y homicidio de Néstor Dinotto y Graciela Martini, integró la CNU dijo: “Noooo!!! Era muy chico”.


La estrategia de los abogados de Pomares, Christian Romano y Oscar Salas de presentar como testigos a las amistades de los represores de Estado no es nueva. Cuando defendieron al comisario Luis Raúl Ponce, uno de los torturadores y desaparecedores de Andrés Nuñez desde la Brigada de Investigaciones de La Plata en 1990, llamaron a su esposa a brindar el “buen concepto” que tenía de su marido. Sin embargo la señora terminó reconociendo que lo ayudó a profugarse, situación en la que estuvo 12 años hasta ser capturado en 2012 y condenado a perpetua en marzo pasado.
La mise-en-scène de Salas y Romano continuará por un par de audiencias, con la citación de más amigos de Pomares y dirigentes del PJ platense como Tomás Bernard, Osvaldo “El Gallego” Rodríguez Maggi, el ex secretario del gobernador Victorio Calabró, Juan Destéfano, y hasta el ex montonero y hoy hombre de negocios en la industria bélica Mario Montoto. Para hablar de las dotes de los acusados faltaría citar a los ex CNU que aún quedan vivos, y que son más de una decena.

TRAS LA FERIA JUDICIAL, LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL 7 DE AGOSTO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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jueves, 6 de julio de 2017

OCTAVA audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

AJUSTADOS A DERECHO 

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares la querella de Justicia Ya La Plata pidió la ampliación de indagatorias por 4 casos que no habían entrado en el debate. El resto de las querellas y la fiscalía no acompañaron el pedido. El Tribunal reconoció errores en la instrucción de la causa, pero rechazó por unanimidad el planteo. La endeble dinámica de los juicios a los genocidas quedó con ello al descubierto.


Por HIJOS La Plata
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En la octava audiencia del proceso contra dos represores de la CNU La Plata, la querella del espacio Justicia Ya La Plata, que integramos la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Apel, Ceprodh, HIJOS La Plata y otros compañeros y compañeras, realizó una intervención en el debate que se imponía necesaria tras haber escuchado los testimonios sobre decenas de casos que no están contemplados en este juicio. Este proceso que contempla 7 casos en 3 hechos distintos, lo decíamos en notas anteriores, queda muy chico para la cantidad de crímenes que cometió la banda de la derecha peronista en nuestra ciudad y que superan los 60 homicidios. Precisamente tomando aquellos testimonios donde se mencionaba específicamente a los represores Castillo y Pomares, se realizó un pedido de ampliación de la acusación y de nuevas indagatorias sobre ambos imputados, apelando al artículo 381 del Código Procesal Penal que oportunamente establece que “si de las declaraciones del imputado o del debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión, pero vinculadas al delito que las motiva, se podrá ampliar la acusación”. Según el código entonces “el nuevo hecho que integre el delito o la circunstancia agravante sobre la que verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y en el juicio”.
Las abogadas Luz Santos Morón (Ceprodh) y Pía Garralda (Apel) responsabilizaron por los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio agravado a Carlos Ernesto Castillo respecto de las víctimas Carlos Sathicq, Ricardo Rave, Horacio Urrera, y Luisa Marta Córica y a Juan José Pomares por los casos de Urrera y Córica. Las abogadas conceptuaron esos crímenes como “perpetrados en el marco del plan genocida llevado adelante en nuestro país durante el terrorismo de estado previo y durante el último golpe cívico-militar”.Carlos Sathicq  era trabajador y delegado gremial de la empresa Limpiolux, contratista de la entonces Propulsora Siderúrgica del grupo Techint. Fue secuestrado en la madrugada  del 20 de abril de 1976, en el mismo operativo en el cual  secuestraron también a Leonardo Miceli y Horacio Urrera. Los tres fueron secuestrados y asesinados juntos, y sus cuerpos aparecieron acribillados juntos a la vera del arroyo Santo Domingo, en Sarandí.
En la audiencia del pasado 17 de mayo, la testigo Ana María Bossio, esposa de Miceli,  expresó señaló la conexión entre los tres crímenes y señaló que el padre de Sathicq fue a reconocer los cuerpos con su padre. También en el juicio, el 22 de mayo pasado, el hermano del militante peronista, estudiante de derecho y delegado gremial en Rentas Horacio, Mario Urrera, refirió que en una gestión por su hermano ante el Regimiento 7 conoció a Frauro Sathicq, el padre de Carlos, e intercambiando datos dedujeron que sus familiares habían sido secuestrados en un mismo hecho. Todos los relatos de los familiares coincidieron en marcar un mismo modus operandi: secuestros por la noche, operativos en banda, con armas largas, con autos particulares, simulando autoridad policial o militar, robando pertenencias de las familias, ultimando los cuerpos en un descampado. La unidad de hechos que presentan los casos Sathicq y Urrera fue fragmentada en la instrucción sin ningún fundamente y sólo se tomó en cuenta para este juicio el caso de Miceli. Era la oportunidad de saldar esa iniquidad.
Además, en la audiencia del  29 de mayo el hijo de Luisa Marta Córica, militante de la JUP, trabajadora de la Legislatura y delegada de los trabajadores del Hipódromo platense, secuestrada y asesinada el 7 de abril de 1975, calificó el crimen de su madre como “un acto del terrorismo del Estado” del que aseguró “yo también soy víctima junto a mis hermanos, ya que arrastramos esto desde hace 42 años”. Ariel Suárez relató que tenía 10 años, y sin embargo pudo reconstruir  que su madre: “vivía atemorizada y sintiéndose expuesta”,  por las amenazas de la CNU. Recordó que tuvo charlas con su madre y que siempre le nombraba al “Indio” Castillo como “la peor amenaza”. De hecho recuerda haberle pedido a Luisa que se fuera y reclamarle “¿Qué vamos a hacer si el “Indio” te mata?”. Ariel contó que cuando pudo recuperar el puesto de trabajo de su madre en la Legislatura fue conociendo a algunos compañeros de ella y que se cansó de escuchar que le mencionaran que el “Pipi” Pomares estaba implicado en el crimen de su madre: “En ese momento Pomares trabajaba de asesor en el Senado. Era vox pópuli que se había dedicado a reventar gente, igual que toda esta banda del terror”.
Por último, en la audiencia del 19 de junio Mariana Rave, hermana de Ricardo Arturo “Patulo” Rave, militante de la UES asesinado el día 24 diciembre de 1975, contó que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años e indicó que “Patulo” tenía 18 años y llevaba 3 meses viviendo en casas de compañeros por razones de seguridad. Lo secuestraron de la casa de sus padres cuando fue de visita, y la CNU ya había atentado 2 veces contra la casa y secuestrado a un hermano menor de “Patulo” por unas horas. Además por la vía de dos tíos militares, Bernardo y Wilfredo Rave, pudieron averiguar desde dentro que no se trataba sólo del Ejército, sino de la Policía y la CNU. Testimonio similar prestò Marìa Juana Rivas en la audiencia del 21 de junio, madre de “Patulo”, y Federico Rave, que haciendo referencia al operativo en donde secuestran a su hermano, afirmó que el que manejaba el grupo era “El Indio” Castillo, a quien conocía del ámbito de los partidos de fútbol, y que “cuando lo sacan a ‘Patulo’, ‘El Indio’ le dice ‘pibe andá a buscar la ropa, vestíte, traé el DNI que te venís conmigo’”.
La querella de Justicia Ya La Plata basó su legitimación para hacer tal petición y formular requerimiento en el conocido fallo “Santillán, Francisco Agustín” de la Corte Suprema de la Nación en agosto de 1998, donde se estableció que la querella en solitario podrá “no sólo habilitar la posibilidad del dictado de una sentencia condenatoria sino también ampliar la acusación ya en esa etapa”. Luz Santos Morón recordó que el máximo tribunal había fundado por entonces que “si está permitido al querellante formular acusación, no parece razonable impedirle ampliarla, dentro de los límites y siguiendo el estricto procedimiento señalado por la ley para no afectar el derecho de defensa del acusado”.
La abogada Pía Garralda habló directo al tribunal para decir: “Sres. Jueces, tienen la posibilidad de subsanar lo ocurrido en instrucción, de remediar esa determinación que se apartó de toda lógica, incurriendo en un grave daño para los familiares de Urrera y Saticq. Este tribunal no puede juzgar sólo el hecho de Miceli haciendo oídos sordos a los familiares que declararon frente a ustedes”. Y agregó respecto a los otros dos casos, Córica y Rave, que “lo que constituye un hecho nuevo es la responsabilidad directa sobre los imputados”, que no fue tenida en cuenta en instrucción por los jueces Arnaldo Corazza primero y Manuel Humberto Blanco después. Marcó que habiendo superado los familiares el temor de señalar a los asesinos, que no son sólo Castillo y Pomares y que en su mayoría están libres, “primó más la necesidad de obtener, luego de 42 años,  justicia por sus familiares. Sres. Jueces, no pueden desconocer la actitud tan valiente de los testigos”. Por último, Garralda fue contundente al señalar que “remitir a instrucción estos testimonios, implicaría la revictimización de estos compañeros, que nuevamente tendrían que someterse a las implicancias de otras causas; cuando ya hicieron su exposición  nuevamente ante 3 jueces, el Ministerio Público Fiscal, tres querellas y la Defensa en pleno”.


EL RECHAZO
Pese a la razonabilidad del planteo del Justicia Ya, el Tribunal Oral Federal 1 rechazó por unanimidad el pedido de ampliación de la acusación y, excusándose en razones meramente formales, se ensayó una respuesta que deja claro que los magistrados ingenian un conflicto insalvable entre la necesidad de escuchar a las víctimas y el mandato de ajustarse a derecho. Los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris no cuestionaron en ningún momento el contenido del planteo de la querella, sino que se remitieron a cuestiones procedimentales del derecho, sin tener en cuenta que el Estado tiene el deber de resolver en un solo juicio todo aquello que se le atribuye al imputado si tiene a su disposición los elementos para hacerlo.
El Dr. Castelli realizó una sucinta remisión a su voto en el fallo de octubre de 2015 del juicio a la Fuerza de Tareas 5, en causa “Vañek”, donde en disidencia y en minoría negó la ampliación de la acusación sobre 3 marinos imputados porque “violaría, a mi entender, los derechos de defensa en juicio y debido proceso de los nombrados de acuerdo al código ritual vigente, que exige para la apertura de la etapa del juicio oral, que los encausados sean previamente indagados, procesados y requerida la elevación a juicio respecto de ellos, con el debido control de un  tribunal de alzada”. En aquella ocasión su voto en minoría no impidió la ampliación exigida por Justicia Ya y acompañada parcialmente por algunas querellas. Ahora Castelli arguyó la violación del principio del juez natural y del principio penal de “Ne bis in ídem” (“no dos veces sobre lo mismo”) que garantiza a toda persona que no sea juzgada nuevamente por el mismo delito o infracción, haya sido absuelto o condenado. Es de notar que aquí la situación es la inversa. En tono balbuceante, que lo complica a veces para conducir el desarrollo de las audiencias, Castelli trató de argumentar que si hubo errores en instrucción “la solución no puede ser esta porque puede tender a deslegitimar juicios de esta naturaleza”.
A su turno el Dr. Vega desarrolló oralmente una extensa fundamentación de su rechazo al pedido. Porfió que si bien “estamos de acuerdo con no fragmentar las causas, y nos piden que resolvamos problemáticas reales y concretas, lo hacen apelando a un instrumento inadecuado”. Agregó que el artículo 381 “lo presentan de manera forzada en este etapa, ya que no está pensado para destrabar estas situaciones”. Y finalizó diciendo que “si bien el argumento de invocar una ‘justicia real’ con plazos razonables es valedero, no corresponde en materia del proceso penal, donde hay reglas que respetar, que no son azarosas o vetustas. No podemos violar la Constitución Nacional para hacer corresponder el ‘ser’ con el ‘deber ser’. Es más honesto que nos pidan que nos apartemos del Código. SI hubo errores en instrucción, no los podemos corregir en esta etapa”.
Por las dudas, Vega dejó a salvo su posición de adherir a la legitimación plena de la querella privada para hacer este planteo, con independencia de los planteamientos de la querella pública realizada por la fiscalía.
La posición unánime del tribunal la completó el voto del juez Alejandro Esmoris, que se remitió sin mayor esfuerzo a hacer suyos los argumentos del juez Vega. El apego a la constitucionalidad de los actos del Dr. Esmoris viene dejando bastante que desear, ya que ha aplicado arbitrariamente la realización de un nuevo cómputo de detención, vía artículo 7 de la ley 24.390 llamada del “2x1”, para los represores condenados Alejandro Duret en Mar Del Plata 2016 y Abel Dupuy, Ramón Fernández y Catalino Morel en La Plata en junio pasado, habilitando la posibilidad de liberarlos. Tal decisión ha sido debidamente repudiada en las calles de La Plata y, frente al mismo Esmoris, al final de cada audiencia de este juicio por familiares y organismos de Derechos Humanos.

Párrafo aparte merecen las posiciones del resto que las querellas, tanto particulares como del Ministerio Público, que decidieron jugar el juego de la fragmentación y la dilatación de los procesos que el propio poder judicial plantea para estos juicios. En la audiencia, la Dra. Marta Vedio, que representa especialmente en este debate a la Unión por los Derechos Humanos y LADH, afirmó que el planteo de Justicia Ya se asienta en una serie de hechos “que a todos nos preocupan e indignan” en lo que definió “un juicio insólitamente fragmentado”. Detalló además que su querella pidió en instrucción la unificación de las causas “Gershanik”, “Urrera”, “Suárez”, “Pizarro” y “Zaldúa y otras” con este proceso que está en pleno juicio. Sumó que en su momento la fiscalía había opinado en instrucción que la causa “Urrera” se unificara, pero no tuvo efecto concreto, pese a la queja de su querella. Sin embargo dijo que “los hechos por los que se está pidiendo ampliar están siendo investigados en el juzgado de instrucción, en distintos estados procesales, y cuentan con querellantes particulares que tienen su propia estrategia procesal que esta querella va a respetar". Con ello negó el acompañamiento al planteo en razón de “coherencia” con su tarea en instrucción. A su turno, el Dr. Pedro Griffo, representante indistintamente de la secretarías de Derechos Humanos de Provincia y Nación (tanto en épocas de CFK-Scioli, como de Macri-Vidal) dijo que no se encontraban en condiciones de acompañar el pedido “toda vez que la totalidad de los casos por los que se intenta la ampliación están siendo investigados en otras causas donde ambas secretarías estamos presentadas como parte querellante”. Los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, que en el juicio FT5 de 2015 habían acompañado un pedido de ampliación (aunque sólo en 1 de las 15 víctimas), dejaron en claro su acuerdo en la posibilidad autónoma de las querellas en pedir la ampliación, pero apuntaron que “la posición y estrategia de esta fiscalía ha sido que se desarrolle en primera instancia la posibilidad de ahondar e investigar estos hechos, por eso en su momento avanzamos con el requerimiento de elevación a juicio tal cual está hoy planteado aquí”.


UNA REFLEXIÓN
Si la práctica del Derecho es un sutil juego de verdades y ocultamientos, aquí quedó expresado que ante una realidad incontestable, primaron las razones formales, porque admitir que  se dan los  supuestos para la procedencia de una ampliación de la acusación, no implica para los jueces adelantar criterio sobre una eventual  condena, y los defensores tienen potestad para realizar sobre el punto los planteos que consideren oportunos.
Pero además, los testimonios de los familiares de las víctimas que han mencionado a los imputados de este juicio como partícipes de los crímenes que se ventilan en este debate no pueden ser tomados como meros “elementos de contexto” porque si en nombre de supuestas  garantías se les niega a las victimas el derecho a esa verdad, también el proceso se ve cuestionado. La respuesta de la justicia a los familiares de las víctimas, curiosamente acompañada por algunas querellas privadas y públicas, no puede remitirse a que sigan esperando el cauce natural del proceso penal a 42 años de los hechos.
La posición del actual Tribunal Oral 1de rechazar la ampliación de la acusación amparándose en razones de garantías de los imputados olvida el derecho de las víctimas  al debido proceso. Máxime cuando la cansina dinámica de estos procesos por delitos de lesa humanidad, que conlleva décadas de tardanza del Estado en su responsabilidad por investigar y condenar a los responsables, por ahora no ofrece garantías reales de un nuevo juicio a los represores de la CNU en La Plata, por defecciones varias de la justicia o por la incierta supervivencia de los imputados, donde difícilmente habrá prueba nueva a analizar, y sobre todo cuando se soslaya que la justicia que llega tarde y fragmentada no es justicia.


LAS AUDIENCIAS CONTINÚAN EL 10 DE JULIO A LAS 10 HS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES DE 8 Y 51. PARA PRESENCIARLAS SOLO SE NECESITA SER MAYOR DE EDAD Y PRESENTAR DNI.

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viernes, 23 de junio de 2017

SEXTA audiencia del proceso a dos represores de la CNU La Plata

UN JUICIO DEMASIADO PEQUEÑO

En una nueva jornada del juicio a los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares tres testigos relataron la historia de dos de los jefes de la banda en La Plata y una decena de crímenes que aún siguen sin respuesta.

Por HIJOS La Plata
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Al comienzo de la sexta audiencia Mariana Rave, hermana del militante de la UES Ricardo Arturo “Patulo” Rave, asesinado por una banda mixta de la CNU-Policía-Ejército en diciembre de 1975, habló por teleconferencia desde Dublín, la capital irlandesa. Mariana dijo que es la primera vez que declara por su hermano y por los hechos ocurridos cuando ella tenía 13 años. Contó que la familia vivía en una casa de calle 8 42 y 43 y eran 9 hermanos. La noche del 23 de diciembre del ’75 “Patulo”, que tenía 18 años y llevaba 3 meses viviendo en casas de compañeros, fue a cenar con los padres por la navidad y contó que se estaba por casar e irse a vivir con su compañera. Cuando se fueron a dormir llegó un operativo conjunto que ingresó violentamente a la casa. Después de apartar por un lado a la madre y las hermanas en un cuarto, y por toro a los hermanos menores en un patio, pudo escuchar que su padre y “Patulo” eran interrogados en el living. Los represores actuaban con armas largas que apuntaban todo el tiempo mientras rompían y robaban. Entonces escuchó que en un momento dijeron “A este lo llevamos” y salieron con “Patulo” secuestrado. La confirmación de que se trataba de un operativo conjunto la tuvieron por dos fuentes distintas: los vecinos dijeron que afuera había habido un despliegue de móviles oficiales de agentes armados cortando la calle, y dos tíos militares, Bernardo y Wilfredo Rave, pudieron averiguar desde dentro que no se trataba sólo del Ejército, sino de la Policía y la CNU. Mientras la familia movía los primeros contactos, “Patulo” apareció torturado, asesinado y colgado en el “Puente de Fierro” de calle 90 y 31, a la salida de La Plata. Además, la testigo refirió hechos de amedrentamiento previos al asesinato de su hermano. En agosto del ’75 su hermano Miguel, siendo aún un joven estudiante de 11 años, fue secuestrado mientras iba al colegio, maniatado y amedrentado por 38 horas. En septiembre y octubre del mismo año  le colocaron dos artefactos explosivos en la puerta de la casa familiar, el primero desactivado por un policía amigo de la familia y el segundo que explotó causando graves daños materiales. Mariana refirió que “el comentario general es que eran la CNU y la Policía bonaerense”.  
La familia Rave fue especialmente golpeada por la represión, y el asesinato de “Patulo” fue un duro golpe a toda la militancia secundaria peronista en La Plata. “Fue el símbolo de que ya no respetaban nada, ni a los adolescente”, concluyó Mariana y agregó que “nos sacaron muchas cosas de nuestras vidas, empezando por Patulo”. Sus hermanos Gustavo y Carlos Rave, todos militantes del peronismo revolucionario, fueron asesinados por la dictadura en julio y agosto de 1976.


El siguiente testimonio fue el de Susana Ure, esposa del militante revolucionario platense Víctor Hugo Kein, asesinado por un grupo conjunto de la CNU Mar Del Plata y La Plata en junio de 1975 tras sufrir cárcel y persecuciones. Ure rememoró la militancia de su marido como estudiante de Arquitectura de la UNLP, donde ayudó a fundar la FURN en el año ‘66 y ya en el año ‘71 militando en las FAR es detenido. Pasó un estricto régimen como preso en el buque-cárcel “Granaderos”, Devoto y Rawson, y fue liberado con la amnistía del 25 de mayo de 1973 dictada por el presidente Héctor Cámpora. Tras ello, Kein se fue a vivir a Mar Del Plata por razones de seguridad, pero la ciudad balnearia la CNU también desplegaría el terror.
En marzo del ’75 fue asesinado en un atentado el jefe de la CNU Mar Del Plata, Ernesto Piantoni, abogado de estrecha relación con la Juventud Sindical Peronista marplatense que conducía por entonces Hugo Moyano. Al velorio concurrió un grupo de la banda platense de Castillo que juró venganza y realizó una lista para practicar una serie asesinatos en lo que denominaron “5x1”. El resultado fueron los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, Jorge Videla y sus dos hijos, y del médico Bernardo Goldemberg. Por esos hechos, junto al asesinato de la secretaria general de la Universidad Católica marplatense María del Carmen Maggi, fueron condenados en diciembre pasado siete integrantes de la CNU Mar Del Plata. Ure sumó otros hechos previos al asesinato del “Flaco” Kein: el asalto de la casa del padre de Mirta Clara, compañera de militancia de Kein y esposa de Néstor Salas. Los CNU preguntaron por Kein y Salas, militante y compañero de estudios de Kein en Arquitectura de La Plata, pero no encontraron a nadie. Al día siguiente fue allanada la casa de los padres de Salas en Berazategui, hecho del que participó el integrante de la CNU Jacek Piechocki, apodado “El Alemán” y refugiado hasta hoy en la colectividad polaca de Berisso. Salas fue detenido y posteriormente asesinado en la denominada “Masacre de Margarita Belén” en Chaco en diciembre de 1976.
Con tono pausado y calmo, pero contundente, Ure detalló el secuestro de su marido, quien se había quedado la noche del 12 de junio del ’75 terminando un trabajo en el estudio de arquitectura que compartía con otros colegas. Lo acompañaba Jorge Del Arco, un estudiante de 17 años oriundo de Pehuajó. Al otro día Susana supo que su esposo había ido a trabajar, y cuando va al estudio encontró todo dado vuelta, rastros de sangre y las paredes empapeladas con la revista “Descamisados”, un ardid de la CNU para adjudicarle el hecho a Montoneros. Tras realizar varias averiguaciones en los diarios de Mar Del Plata publicaron la aparición de 2 cadáveres NN, que por la descripción física supo que eran su marido y Del Arco. Ambos tenían signos de tortura, los ojos vendados, las manos atadas y decenas de disparos en todo el cuerpo. Por el hecho se abrieron dos causas en la época, una por homicidio y otra por secuestro, pero ambas fueron cajoneadas tras caer en manos del fiscal Gustavo Demarchi, jefe de la CNU tras la muerte de Piantoni.
En los tramos más importantes del testimonio, Susana Ure realizó una radiografía de la CNU, tanto de La Plata como de Mar Del Plata, desde sus orígenes en algunos integrantes del grupo nacionalista Tacuara, como Félix Navazzo y Néstor Beroch, pasando por las conexiones generadas por Demarchi cuando era estudiante de derecho en La Plata, hasta el germen ideológico del grupo que fueron las cátedras del Instituto Cultura Clásica “Cardenal Cisneros” que realizaba el teólogo Carlos Di Sandro. Sobre este personaje Ure afirmó que “concebía a la universidad como un lugar estratégico donde combatir al enemigo que, según ellos había corrompido la mente de los jóvenes desde la Reforma de 1918, y producto del efecto de la revolución Rusa de 1917. En el Concepto de ‘Sinarquía’, es decir un gobierno mundial oculto de fuerzas contrarias a los intereses nacionales, y manejado por una extraña conjunción del capitalismo, el comunismo y el sionismo, sintetizaba y articulaba a todos los enemigos a aniquilar”. Según Ure así legitimaban su accionar con un “plan sistemático de exterminio en una etapa de castigo ejemplar, para sembrar el terror y mostrar a toda la sociedad lo que le puede pasar a todo aquel que tenga una militancia política”. Por eso, remarcó la testigo, “cometieron cientos de crímenes en el país, más de 60 asesinatos en La Plata con la misma modalidad: con zonas liberadas, desplazamiento impune para secuestrar, con tres vehículos operativos (dos de contención y uno que efectuaba el secuestro), las salvajes torturas y fusilamientos a la luz pública, el uso de credenciales falsas y ropa de fajina de las fuerzas policiales y militares, los robos y los asesinatos con decenas de disparos. Todo este accionar era imposible de realizar si no se contaba con apoyo estatal”. Con total claridad la testigo continuó: “El apoyo estatal consistía en no investigar de parte de la justicia, silenciar o tergiversar los hechos de parte de los grandes medios de comunicación, la liberación de zonas y la coordinación precisa de los secuestros de parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas que dejaron hacer y sabían todo lo que sucedía a través de sus servicios de inteligencia”.


A mayor abundamiento, Ure relató que es prima hermana de quien ocupó la jefatura Nacional de la CNU, Patricio Fernández Rivero. Y destacó un hecho que marcó al jerarca y lo sacó de circulación: un accidente en auto ocurrido en el barrio porteño de Palermo el 20 de junio del ’74 donde perdió un brazo y dejó expuesto el traslado de armas de grueso calibre. Según Ure “en el grupo también estaba el ‘Pipi’ Pomares, la esposa de Patricio, que es la sobrina de Di Sandro, y venían de festejar la Masacre de Ezeiza en su primer aniversario, y que había sido el estreno de todos estos pequeños grupos de ultraderecha para custodiar el palco donde iba a hablar el General Perón. El auto dio varios vuelcos y salieron armas y granadas. Pomares quedó herido y luego desapareció de donde estaba internado. Patricio sufrió la  amputación del brazo izquierdo y perdió la jefatura de la CNU, que pasó a manos de Piantoni”.
Apuntó además que Fernadez Rivero estuvo detenido en 2013 en la causa CNU de Mar Del Plata, pero recibió la detención domiciliaria, fue declarado incapaz y excarcelado, con especial gestión realizada por el ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota, que le ofreció asilo hasta hoy en esa provincia.


El testimonio final estuvo a cargo de Marcelo Ponce, primo de otro referente de la CNU platense, Gastón Ponce Varela, cuyo asesinato en julio de 1975 le dio la excusa a la banda de Castillo para practicar la venganza desatada contra los militantes de izquierda. Marcelo no dudó en definir a su primo como “un matón” que “andaba permanentemente armado con un 38”. Relató que la familia vivía en dos edificios sobre calle 46 entre 13 y 14 de La Plata, propiedad del abuelo en común. Con Gastón comenzó a tener confianza cuando iban a la cancha a ver a Estudiantes de La Plata y le relataba sus “anécdotas de cómo participaban rompiendo huelgas entre el ’71 y el ’74. También decía que había ido a Córdoba, a participar del derrocamiento del gobernador Obregón Cano, y a Mar Del Plata a hacer otras tareas. Decía que iban en avión y les pagaban todo. Gastón cobraba en el Hipódromo y en IOMA sin trabajar. Tenían electrodomésticos robados que eran ‘botín de guerra’. Cuando fue asesinado el dirigente Rodolfo Achem, me dijo que había pasado por el velorio en casa Betti, a una cuadra de nuestra casa, y había sacado la mano por la ventanilla mostrando el anillo de Achem”. Además contó que Gastón era íntimo amigo del “Indio” Castillo desde muy jóvenes, y que compartían un lugar en la barra brava de Estudiantes. Según el testigo “Gastón decía que tenía muchas muertes, pero que más tenía Castillo, más de 100”. Además afirmó que en los fondos de la casa familiar, donde hoy está el colegio Del Centenario, los CNU tenían un lugar donde practicaban tiro: “se juntaban ahí sobre todo desde el ’73. Cortaron un nogal a los tiros. Disparaban y cantaban la marcha peronista”.
Marcelo contó que un domingo cuando estaba en su casa con un compañero estudiante de arquitectura escuchó tiros, se asomaron por los techos a la calle y vio un patrullero y el auto de su primo. Ponce Varela había sido asesinado en un atentado cuando volvía del hospital con su mujer y su hija. “Al rato llegó un Falcon naranja. Bajó el ‘Indio’ con una Itaka, la cargó, y cuando un oficial policial del operativo lo quiso frenar se lo sacó de encima y entró a la casa de Gastón. Evidentemente la Policía no le podía hacer nada. A las dos horas del hecho los CNU volvieron a la casa y vaciaron el arsenal que había en el lugar”.
El episodio, ocurrido a comienzos de julio de 1975, fue la excusa perfecta para que la banda de Castillo desplegara su brutalidad desatada. El 7 y el 8 de julio de 1975, asesinaron a 6 estudiantes como represalia por la muerte: Mario Cédola, acribillado en Plaza Moreno; Pablo del Rivero, Gustavo Rivas, Guillermo Codino, todos militantes de la JUP fusilados en la calle en Tolosa; así como Norberto Juan Orlando y Roberto Antonio Rocamora, militantes del Grupo Universitario Socialista (GUS-OCPO) acribillados la madrugada siguiente, luego de que la patota irrumpiera en la casa donde vivían cerca de Berisso. En una agonía de 3 días Cédola pudo mencionar que les dispararon con ametralladoras desde la caja de una camioneta encapotada y que 2 delos atacantes eran  “El Indio” y Eduardo “El Oso” Fromigué. La venganza fue anunciada en las calles de La Plata con pintadas que decían “Once por Ponce”.
Cada vez más, el juicio a dos represores de la CNU La Plata va quedando chico ante la magnitud de los crímenes que la banda de la derecha peronista cometió en nuestra ciudad entre 1973 y 1976. La ampliación de la acusación sobre Castillo y Pomares es una necesidad que haría en parte justicia. Pero quedan otras familias de víctimas sin respuesta, y otros verdugos aún impunes.

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